Gerardo Fernández Noroña, viejo militante de la izquierda y férreo defensor de las libertades cuando le convenía, ha cruzado una línea peligrosa: la utilización de su cargo público para castigar, censurar y escarmentar a quienes lo critican.
El episodio reciente que protagonizó en el Senado de la República no sólo resulta grotesco, sino profundamente alarmante para cualquier democracia. Un ciudadano que se atrevió a increparlo fue no solo exhibido en medios nacionales, sino forzado públicamente a disculparse bajo la sombra del poder institucional, sentado al lado del propio senador, como si de una escena de humillación ejemplarizante se tratara. Este hecho no fue una mera respuesta política; fue un acto de coacción simbólica, que manda un mensaje claro: “quien cuestione, será castigado”.
Noroña, quien antaño se vestía de libertario y revolucionario, ha devenido en un pequeño vasallo del autoritarismo parlamentario. A diferencia de presidentes como Calderón, Peña Nieto, Sheinbaum o incluso AMLO, quienes han lidiado —con mayor o menor gracia— con protestas públicas, memes, gritos o escraches, el senador ha decidido usar su investidura para sofocar la crítica con mecanismos impropios de una república democrática.
En la red social X (antes Twitter), Noroña ha bloqueado cuentas como La Derecha Diario y la mía propia, así como a una decena de ciudadanos más, por el mismo fenómeno de ego herido e inseguridad política. En lugar de debatir o simplemente ignorar, prefiere silenciar. Pero cuando un funcionario público utiliza plataformas digitales para comunicar su trabajo legislativo y, a la vez, cierra el acceso a quienes lo cuestionan, está vulnerando el principio de libertad de expresión y acceso a la información.
