Washington observa: el indigenismo utilitario y el revés a Lenia Batres

La reciente “elección judicial” en México no fue un ejercicio democrático, sino un reflejo del caos interno en Morena y del colapso del proyecto nepotista de Lenia Batres en la Suprema Corte. Con el 73% de los votantes siguiendo un acordeón preimpreso a favor de Hugo Aguilar Ortiz, quedó en evidencia que el proceso no fue libre ni ciudadano, sino una interna partidista maquillada de participación popular.

El fracaso de Batres marca un punto de quiebre dentro del oficialismo: ni su apellido ni su cercanía ideológica con Palacio Nacional bastaron para imponerse. Pero más allá de la grilla interna, hay un elemento aún más preocupante: la instrumentalización de las comunidades indígenas como parte de la estrategia de legitimación del régimen.

Hugo Aguilar Ortiz fue presentado por el gobierno como representante de las comunidades indígenas, un rostro “popular” y “diverso” supuestamente elegido por el pueblo. Pero la realidad es que su candidatura fue una operación de tokenización política, donde la identidad étnica fue reducida a un recurso simbólico.

La Cuarta Transformación ha convertido el indigenismo en una moda política, útil para la propaganda pero vacía de compromiso real. Las comunidades originarias —históricamente marginadas por el sistema— son ahora utilizadas como decoración discursiva para justificar decisiones tomadas por las élites partidistas. No hay empoderamiento real, ni voz, ni autonomía: hay utilitarismo y simulación.

Al igual que en sexenios pasados, el rostro indígena sirve a los fines del poder, pero sus causas siguen postergadas. No se trata de representatividad auténtica, sino de marketing político con rostro moreno.

Esta elección judicial —y el perfil de algunos de sus operadores— también encendió las alarmas en Washington, donde ya se habla de cancelaciones de visa y posibles restricciones a funcionarios judiciales vinculados con estructuras de corrupción, lavado de dinero o crimen organizado.

Estados Unidos observa con creciente preocupación la cooptación del sistema de justicia mexicano, y ve con desconfianza cómo actores sin carrera judicial, pero con padrinazgos políticos o sospechosos vínculos financieros, llegan a posiciones clave bajo el pretexto de “elección popular”.

La elección de Hugo Aguilar Ortiz no representa ni un triunfo democrático ni un avance indígena: es el fracaso de Lenia Batres, la evidencia de una grilla feroz dentro de Morena, y un caso más de instrumentalización identitaria al servicio del poder. A nivel interno, se profundiza la fragmentación del oficialismo; a nivel internacional, México se aleja cada vez más del Estado de derecho y se acerca al riesgo de sanciones diplomáticas.