La política antidrogas de Estados Unidos dio un giro de máxima severidad. Una orden ejecutiva firmada por Donald J. Trump clasificó al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva (WMD), elevando el combate a este opioide sintético al nivel más alto de seguridad nacional.
El documento es explícito: dos cárteles concentran la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, sostienen conflictos armados por territorio y generan violencia que trasciende el impacto sanitario. En el contexto regional, la referencia apunta al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos con presencia extendida, cadenas logísticas transnacionales y alianzas internacionales.
Washington va más allá del diagnóstico. Advierte el potencial del fentanilo para ser utilizado como arma en ataques terroristas de gran escala, dada su letalidad —dos miligramos pueden matar— y su facilidad de ocultamiento. Con ello, la Casa Blanca deja de tratar el problema como un asunto de salud pública y lo encuadra como amenaza química estratégica.
La implementación ordena persecuciones penales reforzadas, sanciones financieras, bloqueo de activos y el uso de inteligencia de no proliferación para desmantelar redes de contrabando. Incluso abre la puerta a apoyo del Departamento de Guerra en tareas de enforcement, conforme a la ley, y a la actualización de protocolos militares ante incidentes químicos en territorio estadounidense.
El mensaje es inequívoco: la guerra contra el fentanilo se enfocará en los cárteles y sus células en México, así como en socios internacionales que facilitan precursores, lavado de dinero y rutas de tránsito
