En medio de un creciente descontento popular, el Congreso de Puebla, controlado por Morena, aprobó una polémica reforma conocida como la "Ley Censura", impulsada por el gobernador morenista Alejandro Armenta.
Con el pretexto de combatir el "ciberacoso", esta ley pretende sancionar comentarios considerados ofensivos en redes sociales, protegiendo a funcionarios de críticas ciudadanas incómodas.
La iniciativa ha sido duramente cuestionada por juristas, activistas y miles de usuarios. La ven como un intento burdo por acallar la libertad de expresión y blindar a los políticos del creciente rechazo social.
En la red social X (antes Twitter), la respuesta fue inmediata. Decenas de cuentas de diputados morenistas fueron inundadas de insultos, burlas y reclamos por parte de ciudadanos que consideran la ley un atentado contra la democracia. El intento de censurar solo logró amplificar las críticas.
La entrada en vigor de la ley generó una ola de indignación nacional que evidenció el hartazgo creciente de los mexicanos frente al gobierno.
Una ley disfrazada de protección
La reforma contempla castigos a quienes emitan "comentarios violentos" o expresiones que afecten la "integridad emocional" de los funcionarios públicos en plataformas digitales. Aunque se dice que busca prevenir el acoso digital, su ambigüedad legal abre la puerta a perseguir cualquier crítica política.
