El alcalde de Concordia, Sinaloa,Óscar Zamudio Pérez, fue víctima de un asalto armado la mañana del miércoles. El edil se dirigía a un evento oficial en la ciudad de Culiacán, cuando un grupo de sujetos armados interceptó su camioneta.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 123 de la autopista México 15, cerca del poblado Higueras de Baila, al sur de la capital. Los hombres armados lo obligaron a descender de su Nissan Frontier blanca, junto a su equipo, y huyeron con el vehículo sin mayor resistencia.
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Horas después, autoridades estatales y federales recuperaron la camioneta. Fue hallada abandonada cerca de Laguna de Canachi. Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional se movilizaron tras el reporte.
Las víctimas de robos, asaltos y desapariciones en la México 15 siguen esperando que una patrulla siquiera levante el reporte. Pero si eres funcionario, el Estado entero se pone a tus pies.
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La camioneta robada no duró ni medio día fuera del control del gobierno. La seguridad pública funcionó como reloj... pero solo porque el afectado tenía fuero.
Dos Méxicos, dos justicias
A los ciudadanos se les culpa por “no tener cuidado” o se les pide que esperen semanas para una cita en el MP. A los políticos se les atiende con helicópteros, escoltas y cobertura mediática.
¿Dónde quedó la igualdad ante la ley? ¿Dónde están esos mismos operativos cuando secuestran a una madre o asesinan a un transportista?
En el México de la 4T, el mensaje es claro: si no tienes cargo, tampoco tienes derechos. Porque la justicia, en este país, es un privilegio reservado a quienes tienen escolta, no a quienes tienen miedo.
En México, perderlo todo no garantiza que alguien toque una alarma. Las familias buscan justicia en pasillos vacíos, mientras los funcionarios viajan escoltados hasta para recoger sus llaves. No hay urgencia para el pueblo, solo trámites.
La impunidad no es casualidad, es estructura. Se activan operativos si hay cámaras, si hay apellidos, si hay fuero. El ciudadano común, en cambio, debe mendigar atención y cargar con la culpa de ser víctima.
El discurso de igualdad se repite en tribunas, pero no llega a las calles. La seguridad pública se volvió una herramienta de poder, no de justicia. Porque aquí la ley se aplica según el cargo, no según el crimen.
