Narco‑internet en Michoacán: Los Viagras controlan el servicio de internet

Gobierno de Morena permite que el narco controle la conectividad rural

La proliferación de estos servicios ilegales refleja el fracaso del Estado mexicano para garantizar los servicios básicos. Telmex y otras empresas no pueden mantener redes seguras cuando el crimen actúa con impunidad. La población paga estas "cuotas" como si fueran un impuesto paralelo.

Este fenómeno exhibe el colapso de la estrategia de seguridad impulsada por los gobiernos de Morena. La falta de Estado en zonas rurales, sumada a la ausencia de inversión en infraestructura, permite al narco apoderarse incluso del internet.

El crimen organizado en Michoacán ha dado un paso más en su lógica de control social. Los Viagras, brazo criminal surgido de las autodefensas, no solo extorsionan, ahora también ofrecen internet clandestino. Este grupo sabotearon la infraestructura de compañías como Telmex y cobran 400 a 500 pesos mensuales por el servicio ilegal.

Decenas de municipios, entre ellos Uruapan y Apatzingán, sufrieron boicots contra las líneas de fibra óptica a finales de 2023. En esas comunidades, los habitantes debían acercarse a puntos controlados por los criminales para obtener Wi-Fi. Si no pagaban, recibían amenazas directas.

Delincuencia organizada monopoliza servicios básicos

Este fenómeno es una extensión del "derecho de piso" que los cárteles terroristas han impuesto en todo México. En Michoacán, ya cobran cuotas por sombra, antenas de telefonía y ahora por internet. El Estado permanece ausente.

La Fiscalía michoacana reporta más de 11 denuncias por robo y daño a infraestructura, con pérdidas cercanas a 500 mil pesos para Telmex. Posteriormente, las autoridades incautaron antenas, módems y repetidores en casas controladas por Los Viagras, desde donde operaban sus redes clandestinas.

Los testimonios confirman que comunidades enteras fueron obligadas a contratar el "Wi-Fi narco" bajo amenazas de muerte. Esta operación criminal generaba ingresos de hasta 2.5 millones de pesos mensuales, consolidando un lucrativo negocio delictivo.

¿Solución o simulacro?

La incautación de equipo por parte de la Fiscalía es insuficiente. Las acciones reactivas no revierten el abandono institucional. El gobierno federal debe recuperar el control de los servicios estratégicos, desde internet hasta energía y agua. No puede seguir permitiendo que el crimen organizado administre servicios básicos.

Este nuevo narco‑impuesto golpea aún más la economía local. Atenta contra el derecho a la información, la justicia y la dignidad humana.

México necesita recuperar el territorio, pero también debe arrebatarle al crimen sus antenas, sus cobros y su control sobre los servicios básicos. Lo contrario es permitir que los cárteles no solo derramen sangre, sino que también desconecten la esperanza.