Hay algo que el kirchnerismo hizo extraordinariamente bien durante veinte años: convertir el gasto público en una virtud moral. Si un organismo recibía más dinero, era porque el Estado “invertía”; si incorporaba empleados, era porque “ampliaba capacidades”; si un proyecto se volvía cada vez más costoso, había que interpretar ese gasto como una prueba de compromiso nacional. Preguntar qué había producido concretamente todo ese dinero terminaba pareciendo, en ese universo ideológico, una forma de herejía.
El proyecto Tronador permite observar esa maquinaria en estado casi perfecto. La discusión volvió a instalarse después de una entrevista a Noel de Castro, ingeniera biomédica argentina y candidata a integrar una futura misión espacial privada de Axiom Space, quien cuestionó con dureza la administración de recursos del programa espacial argentino. Según sostuvo, la Argentina habría gastado alrededor de USD 600 millones en el desarrollo del lanzador Tronador sin conseguir concretarlo.
La comparación que planteó fue todavía más incómoda. De Castro recordó que el desarrollo del Falcon 1 de SpaceX costó aproximadamente USD 90 millones. NASA respaldó esa cifra y también estimó en alrededor de USD 300 millones el desarrollo posterior del Falcon 9. Es decir, unos USD 390 millones para dos lanzadores que efectivamente alcanzaron el espacio.
Argentina tomó un camino muy distinto.
Desde 2007, alrededor de Tronador hubo prototipos, motores, ensayos, infraestructura, contratos, técnicos, funcionarios, presentaciones oficiales y nuevas etapas de desarrollo. También hubo avances tecnológicos reales y pruebas exitosas. Pero casi veinte años después sigue faltando aquello que debía justificar todo el programa: un lanzador Tronador operativo capaz de colocar una carga argentina en órbita.
Y existe un dato todavía más incómodo. En 2014, documentación oficial enviada al Congreso proyectaba que, gracias al desarrollo del programa, desde 2018 Argentina podría realizar entre cinco y diez lanzamientos anuales. No se trataba de una estimación difundida por un crítico liberal ni de una exageración posterior para ridiculizar al Estado. Era la propia estructura estatal anunciando cuáles serían sus resultados.
Llegó 2018. Pasó 2019. Pasó otro gobierno kirchnerista.
Los cinco a diez lanzamientos anuales no existen.
Ese es el verdadero escándalo de Tronador. Un proyecto puede consumir fortunas, incumplir durante años su objetivo principal y aun así encontrar siempre una nueva explicación para continuar recibiendo recursos públicos.
Eso resume una forma de gobernar que el kirchnerismo convirtió en cultura: envolver cada estructura estatal en una causa moralmente intocable para volver sospechosa cualquier pregunta sobre costos y resultados. Con la ciencia ocurrió exactamente eso.
Si alguien preguntaba cuánto costaba, cuándo debía estar terminado o qué resultado concreto justificaba seguir financiándolo, la respuesta rara vez era técnica. Cuestionar el presupuesto equivalía a atacar la ciencia; cuestionar el organismo era despreciar al Estado; pedir resultados era adoptar una lógica “mercantilista” incompatible con los grandes objetivos nacionales.
Mientras tanto, el único que estaba obligado a funcionar con eficiencia era el contribuyente, porque alguien tenía que producir la riqueza necesaria para sostener toda aquella superioridad moral.
Ahí aparece la diferencia central con SpaceX. La empresa de Elon Musk podía fracasar de verdad. Sus inversores podían perder dinero, el financiamiento podía acabarse y la compañía podía desaparecer. Los ingenieros estaban obligados a transformar recursos escasos en resultados antes de que se agotaran esos recursos. Esa presión no es un defecto del capitalismo. Es uno de los mecanismos que obligan al capitalismo a distinguir entre una buena intención y algo que realmente funciona.
El Estado opera bajo incentivos completamente distintos. Cuando un proyecto se demora, puede ampliarse el cronograma; cuando cuesta más, puede incrementarse el presupuesto; cuando falla una prueba, puede anunciarse una nueva etapa. Y cuando finalmente alguien propone reducir los fondos, el responsable del fracaso puede transformarse, casi mágicamente, en víctima del “desfinanciamiento”.
Por eso Javier Milei genera semejante rechazo en buena parte del establishment político, científico, cultural y mediático argentino. Su ruptura más profunda no consiste solamente en gastar menos. Consiste en formular una pregunta que durante demasiado tiempo estuvo prohibida: ¿qué resultado recibe el ciudadano a cambio del dinero que el Estado le obliga a entregar?
Milei no considera que un presupuesto creciente sea una medalla moral. No asume que un organismo deba sobrevivir porque existe desde hace décadas ni que invocar la palabra “ciencia” otorgue inmunidad frente a cualquier evaluación. Esa transformación parece elemental, pero amenaza de raíz a un sistema acostumbrado a medir compromiso por cantidad de recursos absorbidos y no por objetivos alcanzados.
Ojalá algún día Argentina tenga una industria espacial capaz de competir con el mundo. Tenemos científicos, ingenieros y técnicos capaces de producir innovaciones extraordinarias.
Pero el caso ya dejó una enseñanza imposible de ignorar: SpaceX tuvo que demostrar que podía llegar al espacio. El kirchnerismo demostró que podía gastar cientos de millones sin llegar a ninguna parte.
