Este junio se cumplen diez años de aquel referéndum en que 17,4 millones de británicos —la votación más numerosa de la historia del Reino Unido— decidieron abandonar la Unión Europea. La efeméride invita menos a la nostalgia que a una pregunta que entonces casi nadie quiso responder con honestidad: ¿qué se votó realmente aquel 23 de junio de 2016?
La respuesta cabía en el lema más resonante de la campaña: take back control, recuperar el control. No fue un voto contra Europa, sus catedrales o su literatura. Fue un voto contra una casta que no tolera que el poder se le escape de las manos.
El Brexit como rebelión contra los ungidos
Conviene nombrar a esa casta con precisión. Thomas Sowell la llamó “los ungidos”: esa minoría ilustrada que se arroga el conocimiento superior, que se cree con derecho a decidir por millones de personas y que, cuando la realidad contradice sus planes, no concluye que se equivocó sino que el pueblo es demasiado ignorante para entenderla. El rasgo distintivo del ungido no es que gobierne, sino que jamás se somete al veredicto de los gobernados. Al disidente no lo trata de equivocado: lo trata de inmoral. Quien objeta la inmigración sin control es un xenófobo; quien defiende su moneda y sus tradiciones, un nostálgico peligroso; quien vota distinto, un manipulado sin criterio. Esa es la gramática de los ungidos, y el Brexit fue, ante todo, una herejía contra ella.
Porque la Unión Europea merece ser observada más allá de su propia narrativa. Nació con objetivos legítimos de integración comercial y cooperación entre naciones que acababan de atravesar dos guerras devastadoras. Pero a medida que avanzó el proceso de integración, la lógica del mercado común fue cediendo espacio a una creciente centralización regulatoria y política. Lo que comenzó como un proyecto de apertura económica terminó evolucionando hacia una estructura burocrática cada vez más distante del control democrático de los ciudadanos.
El Reino Unido fue desde el principio un socio incómodo: cuando arrancó el proyecto de integración en 1957, los británicos prefirieron quedarse afuera; el propio Churchill había dicho que la paz europea exigía caminar hacia unos Estados Unidos de Europa que no debían incluir a Gran Bretaña. Su pertenencia siempre fue transaccional, nunca identitaria. Y a medida que la toma de decisiones se corrió lenta pero inexorablemente de Londres a Bruselas, los británicos descubrieron que su democracia se vaciaba por arriba.
La UE se presenta como el gran ejercicio del libre comercio, pero su práctica es otra: nulo espacio para la experimentación empresarial y la competencia institucional, proteccionismo y una burocracia que regula desde las horas de trabajo permitidas hasta el almacenamiento del aceite de oliva. Su Comisión —el brazo más poderoso— se elige en cónclaves de jefes de gobierno con escasa o nula referencia a los votantes. El euro también contribuyó a desplazar decisiones fundamentales desde el terreno de la deliberación democrática hacia el ámbito de la administración tecnocrática. Cada vez más aspectos de la política económica quedaron sujetos a reglas, organismos y negociaciones alejadas del control directo de los votantes. Los
británicos vieron esa deriva antes que nadie. Por eso, cuando los ungidos les anunciaron que el Brexit desataría el apocalipsis, dedujeron, con sentido común, que tanto miedo solo podía esconder un privilegio amenazado.
El Brexit que nunca dejaron completar
Lo que vino después fue la prueba de que el control no se entrega sin pelea. Durante años, los ungidos hicieron todo para neutralizar el voto. Theresa May, que había hecho campaña por la permanencia, negoció un acuerdo que se conoció como BRINO —Brexit in Name Only—: dejaba a Gran Bretaña fuera de las decisiones europeas pero todavía sometida a buena parte de sus reglas. La campaña del People’s Vote llenó las calles de Londres exigiendo un segundo referéndum, es decir, que se votara de nuevo hasta que el pueblo acertara. La salida que debía concretarse en marzo de 2019 se pateó una y otra vez.
Y cuando, más tarde, una primera ministra conservadora se atrevió a proponer recortes de impuestos y desregulación, el propio Fondo Monetario Internacional la reprendió en público con una crudeza poco habitual. Sus defensores argumentaron que reaccionaba frente a un programa fiscal inconsistente. Pero el episodio reveló algo más profundo: hasta qué punto las instituciones internacionales consideran legítimo intervenir cuando un gobierno intenta apartarse del consenso económico dominante. El sabotaje, además, nunca fue solo de Bruselas: vino desde adentro, de la propia clase gerencial que administra Occidente. Hoy el laborista Keir Starmer corona esa tendencia con su “reset”: un alineamiento dinámico que copiará buena parte de la legislación europea sobre energía, electricidad y normas alimentarias. Si Bruselas dice “salten”, Gran Bretaña preguntará “¿cuán alto?”. De socio competitivo a mercado satélite, y sin un verdadero escrutinio democrático, en contra de dos votos mayoritarios consecutivos.
Conviene además recordar qué prometía realmente el Brexit. Nunca se trató de una promesa de prosperidad automática ni de un atajo hacia el crecimiento. Ninguna reforma institucional produce milagros por sí sola. La apuesta consistía en recuperar capacidad de decisión para definir políticas regulatorias, comerciales, energéticas y migratorias propias. Juzgar el Brexit exclusivamente por la evolución de algunos indicadores agregados equivale a evaluar una privatización observando únicamente el PIB del año siguiente: se pierde de vista la cuestión fundamental, que es quién decide y ante quién responde.
Por eso el balance de esta década debe leerse con cuidado. Al Reino Unido no le ha ido mal, pero tampoco tan bien como podía haberle ido, y la razón es simple: nunca terminó de implementar plenamente el Brexit que votó. Donde se le permitió respirar, funcionó: las exportaciones británicas de cordero crecieron con fuerza, las de carne vacuna alcanzaron niveles récord y el sector de la edición genética floreció gracias a la liberalización regulatoria posterior a la salida. Pero esos logros suelen reportarse con el asterisco condescendiente del “a pesar del Brexit”, mientras se silencia que amplios sectores de la economía siguen atados a una arquitectura regulatoria diseñada para otro esquema político. No es que el Brexit haya fracasado. Es que nunca se permitió evaluar plenamente lo que habría significado un Brexit completado.
Y sin embargo, el genio democrático no vuelve a la botella. En mayo de este año, las elecciones locales inglesas certificaron lo que los ungidos creían imposible: el fin del viejo
duopolio entre laboristas y conservadores. Reform UK, liderado por Nigel Farage, obtuvo más de 1.400 bancas locales, conquistó gobiernos históricamente dominados por los partidos tradicionales y alteró un mapa político que durante décadas pareció inmutable. No fue un voto de protesta: fue un reordenamiento político.¿Y quiénes son esos votantes? Son, otra vez, los votantes del Brexit. El analista John Curtice mostró que el apoyo a Reform crece de manera sistemática en las zonas donde el Leave obtuvo sus porcentajes más altos en 2016. La continuidad es estadística, no poética. La nueva fractura política ya no enfrenta a obreros con burgueses, sino al pueblo con el centrismo tecnocrático-gerencial; y el desprecio de las élites y sus medios no apunta solo a Farage, sino también a sus votantes, a quienes se acusa de racistas o reaccionarios por el delito de amar su país y sus costumbres. Es la versión contemporánea de un fenómeno muy antiguo: el desdén de quienes se consideran moral o intelectualmente superiores hacia aquellos ciudadanos que se atreven a cuestionar sus dogmas.
La nueva frontera del control: el dinero
Sería un error creer que esta disputa gira únicamente alrededor de la soberanía nacional. El conflicto de fondo siempre fue otro: quién controla las decisiones fundamentales de la vida social. Primero fueron las leyes. Después las fronteras. Ahora la discusión avanza hacia una esfera todavía más íntima: el dinero.
