Mató a sus tres hijos y la izquierda la convirtió en víctima

La primera respuesta es la más vieja: el apetito religioso no desaparece cuando se vacían las iglesias, se muda. La necesidad de pertenecer a un cuerpo de elegidos, de tener pecados y absoluciones, de identificar a un demonio y de sentir que uno está del lado correcto de una guerra cósmica, es anterior a cualquier catecismo y les sobrevive a todos. Una generación entera fue educada en la idea de que ese aparato era superstición y quedó con el aparato intacto y sin objeto. Estos son los templos que encontró.

La segunda es más incómoda y más específica. En las últimas décadas se instaló una idea que hoy funciona como moneda: la autoridad moral no se gana por la conducta sino que se hereda por pertenencia a una categoría. Si la inocencia viene con el carnet y no con los actos, entonces cada miembro del grupo tiene un interés directo en que ningún otro miembro pueda ser culpable de nada, porque cada culpable devalúa la tenencia de todos. Vista así, la defensa de Lindsay Clancy no es un acto de compasión hacia Lindsay Clancy. Es la defensa del tipo de cambio. Lo que está en juego para esas mujeres no es esta mujer: es la premisa de que ellas no pueden ser autoras de nada malo, y esa premisa no admite ni una excepción, porque una sola la derrumba.

La tercera es técnica. Las plataformas reparten atención, y la atención premia la proximidad a lo extremo. Decir "yo también" frente a un infanticidio es el movimiento más barato disponible para conseguir un estatus que en la vida real cuesta años. A eso se le sumó una cultura terapéutica que sacó el vocabulario clínico del consultorio y lo convirtió en identidad: el pensamiento intrusivo dejó de ser un síntoma que uno lleva a un médico y pasó a ser una credencial que uno exhibe en un video. El resultado es esta cosa nueva y difícil de nombrar, mujeres que se publicitan como potenciales asesinas de sus propios hijos para pertenecer a algo.

Lo que cuesta

Nada de esto sería más que un espectáculo grotesco si se agotara en la pantalla. No se agota.

Cuesta, primero, la posibilidad misma de la justicia. Si una categoría de personas no puede ser culpable, los juicios dejan de ser juicios y pasan a ser trámites censales: la sentencia se deduce del carnet del acusado. No hace falta explicarle a un lector argentino adónde lleva eso. Un tribunal que reparte culpas por pertenencia no es un tribunal, es una repartición del poder político por otros medios.

Cuesta, segundo, personas concretas. Una fe que necesita un demonio lo fabrica, y no lo fabrica con material teórico: lo fabrica con un hombre que enterró a sus tres hijos y al que decenas de miles de desconocidos acusan de haberlos matado. Ese señor no cometió ningún delito y no está siendo juzgado por ninguno. Está siendo juzgado por la necesidad narrativa de gente que nunca lo vio.

Cuesta, tercero —y esto deberían pensarlo sobre todo quienes dicen defender a las madres—, la credibilidad de la psicosis posparto. Es un cuadro real, devastador y sub-diagnosticado. Que este juicio ponga bajo escrutinio trece psicofármacos recetados en cuatro meses por seis profesionales distintos es de las pocas cosas buenas que puede dejar el caso. Pero convertir el diagnóstico en una coartada colectiva, en un hashtag que cualquiera puede ponerse encima, garantiza que la próxima mujer que llegue a una guardia diciendo que escucha voces sea escuchada con un poco menos de seriedad. La militancia no está protegiendo a las madres enfermas. Las está gastando.

Y cuesta, sobre todo, lo que este caso muestra con una claridad casi insoportable: en una sociedad donde el estatus de víctima se reclama, quienes no pueden reclamar nada quedan últimos. Un chico de ocho meses no tiene identidad política, no tiene cuenta, no puede filmar un video explicando su condición de víctima, no puede pertenecer a ninguna categoría protegida. En una cultura que reparte crédito moral según quién levanta más fuerte la mano, los tres chicos de Duxbury son, estructuralmente, los últimos de la fila. Por eso casi nadie habla de ellos. No es un descuido: es el resultado previsible del sistema.

Conviene decir algo más, porque el punto se presta a confusión. Esto no es un problema genérico de las mujeres. Es el problema de una doctrina que dice hablar en nombre de ellas y que, para sostenerse, necesita que ninguna sea nunca responsable de nada. Las primeras perjudicadas son las mujeres a las que esa doctrina les niega, por definición, la condición de adultas. Aunque muchas de ellas ni siquiera lo noten.

La grieta de nuestro lado

Habría que ser desprolijo para no mencionar que también de este lado hubo un atajo. El expediente médico de Clancy es material legítimo para cualquiera que desconfíe de la industria farmacéutica, y esa desconfianza es razonable; pero un puñado de comentaristas —Candace Owens la más ruidosa— pasó de la sospecha razonable al veredicto anticipado, y declaró que Clancy es "obviamente no culpable" sin haber visto una prueba. Le duró un día: su propio campo se lo corrigió en veinticuatro horas, desde Townhall, y nadie la siguió. Un error no hace una fe. Pero sirve para entender por qué la distinción que viene es la única que de verdad importa.

Un condicionamiento no es un titiritero

La inimputabilidad es una institución antigua y legítima. El derecho penal reconoce desde hace siglos que quien no pudo comprender la naturaleza de su acto no puede ser castigado por él, y ningún conservador serio debería burlarse de eso. Pero conviene entender por qué existe

esa eximente: existe porque la regla es la contraria. La ley exime al que no pudo comprender precisamente porque presupone que todos los demás sí pueden. La excepción no niega la responsabilidad individual: la confirma, marcándole el borde. Cuando en 2001 Andrea Yates ahogó a sus cinco hijos en Texas, se pudo discutir su estado mental sin dejar de distinguir un solo minuto entre las víctimas y la victimaria.

Lo que se coló en el debate de estas semanas no es esa excepción jurídica, estrecha y reglada. Es una antropología completa: la idea de que detrás de cada acto hay una causa que lo explica y, por lo tanto, no queda nadie que lo haya hecho. La píldora me obligó. Antes fueron el trauma, la infancia, la pobreza, el patriarcado, el algoritmo. Cada uno de esos factores puede ser real y estar documentado, y ninguno alcanza para disolver al sujeto que actúa. Un condicionamiento no es un titiritero.

Una civilización de agentes pregunta: ¿qué hiciste con aquello que te ocurrió? Una cultura de pacientes pregunta: ¿qué te ocurrió para que hicieras esto? La segunda pregunta puede ser necesaria; lo peligroso es cuando reemplaza a la primera. Porque entonces dejamos de buscar circunstancias que expliquen al sujeto y empezamos a buscar circunstancias que lo hagan desaparecer.

Toda la posición liberal y conservadora descansa sobre una única premisa: que existe un individuo que elige y que responde por lo que elige. Es la premisa del mérito, de la propiedad, del contrato, del castigo y de la libertad. Es la razón por la que nos oponemos a que el Estado trate a los adultos como menores de edad. Quien la suspende para un caso concreto porque el resultado le conviene, no la suspende para ese caso: la suspende entera.

Dos peritos, una mujer, dos verdades

Hay una intuición inmediata: si se arrojó por una ventana después de matar a sus hijos, entendía lo que había hecho. Pero la ley de Massachusetts permite otra pregunta. Desde Commonwealth v. McHoul, una persona puede ser declarada inimputable no sólo si carecía de capacidad sustancial para comprender la ilicitud de su conducta, sino también si no podía ajustar su conducta a la ley.

Y ahí aparece un problema más interesante que cualquier diagnóstico a distancia. Dos expertos pueden mirar a la misma mujer, el mismo expediente y el mismo día y llegar a conclusiones opuestas sobre su capacidad para responder por sus actos. Eso es exactamente lo que ocurrió en este juicio.

La pregunta institucional, entonces, es inevitable: ¿qué clase de criterio hemos construido si su aplicación depende de un conocimiento experto cuyos propios expertos no consiguen compartir? La duda no exige saber qué ocurría dentro de la cabeza de Lindsay Clancy. Basta mirar el instrumento con el que pretendemos averiguarlo.

Lo que ningún veredicto va a cambiar

En los próximos días, doce personas en Duxbury van a decidir si Lindsay Clancy era penalmente responsable de lo que hacía. Sea cual sea la respuesta, no va a modificar el hecho que ninguna de las partes discute: los tres chicos fueron asesinados, y los mató su madre.

Y no va a modificar la fe. Un veredicto de inimputabilidad será leído como la confirmación de que era inocente; uno de culpabilidad, como la prueba de que el sistema castiga a las mujeres. El credo está diseñado para sobrevivir a las dos respuestas porque nunca dependió de ninguna. Ese es el rasgo que lo define y el que lo vuelve peligroso: no es una opinión equivocada, que los hechos podrían corregir. Es una creencia construida para que ningún hecho pueda tocarla. Con una opinión equivocada se discute. Con esto no se discute: se convive, y cada tanto se le hace lugar a la fuerza en un tribunal.

Quedan los tres. Cora tenía cinco años, Dawson tres, Callan ocho meses. No tienen hashtag, no tienen colecta, no tienen peritos discutiendo su estado mental, no tienen a nadie que se identifique con ellos ni que grabe un video diciendo "yo también". Son la única parte de este caso sin representación y la única que perdió absolutamente todo.

Cualquiera sea el veredicto van a seguir estando muertos, y va a seguir siendo cierto que, durante estas semanas, decenas de miles de personas hablaron sin parar de este caso y casi ninguna habló de ellos.