Hay una diferencia profunda entre las sociedades que prosperan y las que permanecen estancadas. No reside en sus recursos naturales, en el talento de su gente ni siquiera en su historia. La diferencia aparece mucho antes, en una pregunta aparentemente simple: ¿de dónde viene la riqueza? La respuesta que una sociedad da a esa pregunta termina definiendo sus leyes, sus impuestos, sus instituciones y, finalmente, su nivel de prosperidad.
Ese debate volvió al centro de la escena luego de que Javier Milei cuestionara duramente a Axel Kicillof por mantener a la provincia de Buenos Aires fuera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras provincias como Neuquén, Río Negro y Mendoza decidieron adherir al régimen para competir por inversiones de gran escala, Buenos Aires continúa rechazándolo bajo el argumento de que favorece excesivamente a las grandes empresas.
La verdadera discusión, sin embargo, no gira alrededor de un régimen fiscal. Gira alrededor de una pregunta mucho más importante: si la riqueza debe atraer primero al capital o intentar distribuirlo antes de que exista.
Toda inversión comienza mucho antes de que aparezcan las máquinas, las fábricas o los puestos de trabajo. Comienza cuando alguien decide inmovilizar capital hoy con la expectativa de producir más mañana. Esa decisión depende menos de los recursos naturales que de la confianza en las instituciones. Donde las reglas cambian constantemente, el capital espera. Donde existe estabilidad jurídica, el capital llega.
La Escuela Austríaca ha explicado durante décadas que el capital no es simplemente dinero. Es tiempo acumulado. Es ahorro que renuncia al consumo presente para ampliar la capacidad productiva del futuro. Cuando un país ofrece estabilidad, seguridad jurídica y reglas previsibles, reduce el riesgo de esa apuesta y aumenta la probabilidad de que nuevos proyectos encuentren financiamiento.
Desde esa perspectiva, el RIGI no debe analizarse únicamente como un conjunto de beneficios impositivos. Su función principal consiste en reducir la incertidumbre institucional. La estabilidad fiscal y regulatoria durante treinta años envía una señal que trasciende cualquier incentivo tributario puntual: comunica que el Estado limitará su propia discrecionalidad frente a quienes decidan invertir.
Por eso resulta ilustrativo el contraste que el propio Gobierno nacional establece con Neuquén. Según las estimaciones difundidas por el gobernador Rolando Figueroa, el costo fiscal de adherir al régimen representa una fracción mínima frente a los ingresos esperados por nuevas inversiones, regalías e impuestos provinciales. Más allá de la precisión futura de esas proyecciones, el dato relevante es el cambio de lógica: competir por atraer riqueza en lugar de competir por gravarla.
La posición de Axel Kicillof responde a una visión distinta. Parte de la premisa de que conceder beneficios al capital implica resignar recursos públicos. Pero esa mirada supone que la inversión existe con independencia del marco institucional y que el Estado simplemente decide cómo repartirla. La experiencia internacional muestra algo diferente. El capital no espera pasivamente ser distribuido. Compite entre jurisdicciones que ofrecen mejores condiciones para producir.
Ese es el verdadero cambio conceptual que atraviesa la Argentina. Durante décadas, buena parte de la política económica estuvo orientada a administrar la escasez mediante subsidios, regulaciones y redistribución. El desafío actual consiste en invertir esa lógica: crear primero las condiciones para que exista más riqueza antes de discutir cómo se recauda sobre ella.
La prosperidad nunca fue el resultado de perseguir al capital, sino de atraerlo. Las sociedades que entendieron ese principio dejaron de ver al inversor como un adversario y comenzaron a tratarlo como un socio del crecimiento. No porque los empresarios sean moralmente superiores, sino porque sin inversión no existe acumulación de capital; sin capital no aumenta la productividad; y sin productividad no pueden crecer de manera sostenida ni los salarios, ni el empleo, ni la recaudación.
El verdadero debate sobre el RIGI no consiste en decidir cuánto resigna hoy el Estado. Consiste en definir si la Argentina quiere seguir administrando la riqueza existente o volver a convertirse en un país capaz de crear nueva riqueza. Esa diferencia separa dos modelos económicos. Pero, sobre todo, separa dos maneras completamente distintas de entender cómo progresa una sociedad.
