Alberto Fernández y Marcela Pagano habrían frustrado el regreso de Agostina Páez

Mientras tanto, desde el Gobierno remarcan que las gestiones oficiales continúan en curso a través de la Cancillería y el consulado argentino en Brasil. La línea adoptada por la administración de Javier Milei busca diferenciarse de lo que califican como “operaciones políticas”, priorizando el trabajo diplomático formal y evitando exposiciones mediáticas innecesarias.

El caso también dejó en evidencia el contraste entre el accionar institucional y la intervención de figuras políticas que, según la versión oficial, habrían buscado protagonismo en una situación sensible. En ese sentido, Bullrich advirtió sobre el uso del dolor de la familia con fines políticos, en una crítica directa a sectores opositores.

La causa judicial en Brasil ya había generado expectativas de resolución luego de que la fiscalía y la querella aceptaran un acuerdo que incluía una pena en suspenso, tareas comunitarias en Argentina y una indemnización económica. Sin embargo, la decisión del juez de postergar el regreso alteró completamente ese escenario.

En paralelo, la defensa de Páez analiza nuevas estrategias legales para revertir la medida y acelerar los tiempos del proceso. Mientras tanto, el Gobierno argentino insiste en que continuará trabajando para garantizar su regreso, en el marco de las normas diplomáticas y judiciales correspondientes.

De acuerdo con la ministra, la familia de la joven atraviesa un momento de angustia extrema y su única prioridad es lograr que vuelva al país. En ese marco, cuestionó que algunos actores políticos hayan intentado capitalizar la situación. Según explicó, el contacto con la familia habría sido condicionado a la realización de un agradecimiento público, algo que finalmente fue rechazado por el entorno de Páez.