La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios kirchneristas y de integrantes de cooperativas en una causa que investiga presuntas maniobras de defraudación con fondos públicos destinados a la confección de guardapolvos durante el gobierno de Alberto Fernández.
La resolución fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes consideraron que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una maniobra orientada a desviar recursos asignados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., en el marco de un convenio celebrado con el ex Ministerio de Desarrollo Social para la producción de 165.000 guardapolvos.
El fallo alcanza a los exfuncionarios Leonardo Sebastián Moyano, Osvaldo Eugenio Minervini, quien se desempeñaba como director de Organización Comunitaria, y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
También incluye a Paula Rosana Goroso, Mirta Lorena Zafra, Yesica Gabriela Goroso, Olga Edith Martínez, Matías Sebastián Celano, Lucas Marcelo Acosta, Marcela Verónica Campanella, Alexis Oscar Lugos, Gladis María Itatí Lugos y Mario Gustavo Figueroa, vinculados a las cooperativas investigadas.
La investigación
De acuerdo con la resolución, el esquema investigado habría operado en dos niveles. Por un lado, mediante la modificación del sistema de adquisición de los guardapolvos, que pasó de contratación directa a la modalidad de subsidio institucional contemplada en la Resolución 208/18, lo que, según la Cámara, habría permitido eludir controles administrativos y seleccionar de manera discrecional a los beneficiarios.
Por otro lado, la maniobra incluyó la subcontratación de las cooperativas Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., que no contaban con capacidad operativa real para llevar adelante las tareas comprometidas.
Los camaristas ratificaron los procesamientos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y, en algunos casos, también por abuso de autoridad.
Operativo de la PFA.
Las imputaciones habían sido dictadas previamente por el juez federal Sebastián Casanello, quien intervino en la causa mientras subrogaba el juzgado federal N°11, vacante tras la muerte de su titular, Claudio Bonadio.
Según la acusación, los involucrados habrían participado “al menos desde el mes de enero de 2023 hasta el mes de diciembre de 2024, en una compleja maniobra de defraudación por medio de la cual se desviaron fondos públicos asignados a la ‘Cooperativa de Trabajo 15 de julio LTDA’”, en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para implementar un “Proyecto Social de Acción Conjunta”.
El objetivo formal del programa era la producción de guardapolvos con una doble finalidad: promover el trabajo social productivo a través de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y garantizar la provisión de uniformes a sectores vulnerables.
Sin embargo, la investigación judicial sostiene que, detrás de ese esquema, se habría estructurado un mecanismo para el desvío de fondos públicos, situación que ahora quedó respaldada por la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal.
