Córdoba debate la prohibición total de los cuidacoches ilegales

Es imperativo que la política de Córdoba prohíba esta práctica abusiva en lugar de intentar regular un delito que resulta evidente en cada esquina. Permitir que ciertos cuidacoches ilegales sigan operando mediante cooperativas solo perpetúa un sistema de protección para quienes violan las normas. La seguridad de los vecinos debe primar sobre cualquier intento de formalizar una tarea que se basa en la intimidación constante y el cobro ilegal.

Fin de la extorsión en las calles

La Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, recibirá a intendentes para analizar la aplicación de medidas en toda la provincia. Es fundamental que el rechazo a estos delincuentes sea uniforme en cada localidad para impedir que se trasladen de una jurisdicción a otra libremente. La coordinación entre los diferentes niveles del Estado será la clave para desarticular a estas mafias que lucran con el miedo de los conductores.

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda sostiene con firmeza que esta actividad es simplemente una extorsión disfrazada de falsa seguridad urbana. No se puede permitir que la convivencia pacífica se vea alterada por individuos violentos que exigen dinero a cambio de no dañar la propiedad ajena. El debate parlamentario debe enfocarse en soluciones drásticas que devuelvan el orden y el respeto por el derecho a transitar y estacionar libremente.

Los ciudadanos de bien ya manifestaron su hartazgo total ante la presencia de estos cuidacoches ilegales que violentan constantemente la vida cotidiana en los barrios de Córdoba Capital. Los legisladores tienen la oportunidad y la obligación de limpiar el espacio público y garantizar que nadie sufra agresiones por negarse a pagar un canon. Una prohibición estricta, total y sin concesiones es la única respuesta válida ante un problema social que escaló hacia niveles de violencia intolerables.