El presidente de la AFA junto al tesorero y otros dirigentes son investigados por presunta retención de aportes impositivos y previsionales por más de 19.000 millones de pesos
El impresentable presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Tovigginofueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en una causa que investiga irregularidades en el manejo de fondos vinculados a impuestos y aportes de la seguridad social.
La decisión fue tomada por el juez Diego Amarante, quien los imputó por apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social, en un expediente que también alcanza a la propia AFA como persona jurídica. Además, dispuso embargos por 350 millones de pesos sobre los bienes de ambos dirigentes y la prohibición de ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin previa autorización del Tribunal, mientras que también se mantuvo la prohibición para salir del país.
El expediente se inició a finales de 2025 a partir de una denuncia presentada por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó irregularidades en el pago de obligaciones impositivas y previsionales por parte de la entidad.
La AFA habría retenido ilegalmente aportes previsionales e impositivos por más de 19.000 millones de pesos
Según la resolución, la entidad habría retenido y no depositado en tiempo y forma impuestos como IVA y Ganancias, junto con aportes patronales, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto total que supera los 19.000 millones de pesos. El fallo detalla que se investigan 34 hechos vinculados a tributos y 17 relacionados con la seguridad social.
El magistrado consideró que no se trató de una imposibilidad económica, sino de una decisión deliberada. En ese sentido, remarcó que la AFA contaba con liquidez suficiente, con inversiones millonarias en plazos fijos y operatorias financieras que generaban intereses capaces de cubrir parte de la deuda.
En la causa también fueron procesados Cristian Malaspina, actual secretario general; Víctor Blanco, ex secretario general; y el director general Gustavo Lorenzo. Para ellos se dispusieron embargos, de 350 millones de pesos en el caso de Lorenzo y de 150 millones para los otros dirigentes, aunque sin restricción para salir del país.
En su defensa, Tapia negó responsabilidad directa en el manejo tributario y sostuvo que su rol se limitaba a lo "institucional", desligándose de las decisiones operativas. En la misma línea, otros directivos argumentaron no tener injerencia en la administración fiscal o señalaron que las decisiones cuestionadas eran previas a sus funciones.
Tapia intentó desligarse argumentando que se limita a cuestiones institucionales
Por su parte, Toviggino planteó una defensa técnica basada en normativas vigentes que, según su postura, habilitaban prórrogas y esquemas de alivio fiscal, descartando la existencia de dolo. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos y sostuvo que hubo una maniobra sistemática para retener fondos del Estado.
Este fallo constituye el primer procesamiento contra la cúpula dirigencial del fútbol argentino en una causa de este tipo, en un contexto en el que también se analizan otros movimientos financieros de la entidad, y podrá ser apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
