La corrupta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, donde sostiene que la condena e inhabilitación perpetua violan sus derechos políticos.
En un nuevo capítulo de su saga judicial, la corrupta expresidente Cristina Kirchner ha decidido trasladar su ofensiva contra el Poder Judicial argentino al ámbito internacional, anunciando este miércoles una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En medio de la consolidación de un modelo de transparencia impulsado por la administración de Javier Milei, la jefa del kirchnerismo intenta impugnar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, alegando una supuesta “proscripción” orquestada por la justicia.
Rafael Valim, abogado de Lula
La estrategia de Kirchner, quien actualmente cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, consistió en la publicación simultánea de una columna de opinión en medios extranjeros de tendencia izquierdista como El País de España y Libération de Francia.
Bajo el título “Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia”, la condenada asegura que “cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
Para este despliegue internacional, la defensa ha reforzado sus filas con juristas extranjeros, sumando al brasileño Rafael Valim —conocido por ser el abogado de Luiz Inácio Lula da Silva— y al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Estos se unirán al abogado local Alberto Beraldi en una conferencia de prensa en el NH Hotel para formalizar la Comunicación Individual ante el organismo con sede en Ginebra.
Cristina Kirchner cumpliendo condena.
La denuncia internacional de la exmandataria se centra en los siguientes puntos clave:
Alegato de Proscripción: Califica su condena en la causa Vialidad como una “forma sofisticada de erosión democrática”, afirmando que “la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”.
Sesgo de Género: La defensa sostiene que el proceso está marcado por un “machismo estructural” y que se busca excluir a la “única mujer electa y reelecta” para la presidencia.
Violación de Garantías: El planteo argumenta que se vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, buscando que el Derecho Internacional escrute a los jueces argentinos.
A pesar de la narrativa de victimización, los hechos numéricos y procesales son contundentes: Cristina Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado debido a irregularidades en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, tras el rechazo de recursos por parte de la Corte Suprema.
CFK en ONU
Además de la pena de 6 años de prisión, el máximo tribunal ratificó el 2 de julio de 2026 un decomiso histórico de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros implicados, como parte de la reparación por el daño causado al Estado.
En su desesperado cierre, la exmandataria recordó el atentado del 1 de septiembre de 2022 para reforzar su perfil de perseguida, declarando: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos”.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes, solo emite recomendaciones y no órdenes vinculantes, debiendo superar primero un riguroso examen de admisibilidad antes de siquiera tratar el fondo de este reclamo que busca empañar la recuperación institucional de la Argentina.
