El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y, con ello, la edad de imputabilidad en la Argentina bajará de 16 a 14 años. La aprobación se dio por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un extenso debate que volvió a exponer dos visiones opuestas sobre cómo enfrentar el delito cometido por menores.
Sin embargo, la norma no comenzará a regir de inmediato. El texto aprobado establece que la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. Es decir, una vez promulgada y publicada formalmente por el Poder Ejecutivo, se abrirá un plazo de seis meses para su implementación efectiva en todo el país.
La reforma modifica el régimen vigente desde 1980 y crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo declarado es garantizar procesos judiciales adecuados a la edad, con órganos y centros específicos, y con la prohibición expresa de que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
El presidente, Javier Milei.
El nuevo esquema introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad. Para delitos con penas menores, se prevén medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de circulación, monitoreo electrónico, mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba. La prisión queda reservada para delitos graves y con límites estrictos de tiempo.
Además, la norma contempla programas educativos, laborales y recreativos para favorecer la reinserción social. Se incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para el seguimiento de cada caso y se establecen estándares de alojamiento que garantizan acceso a educación, salud, cultura y recreación.
El presidente, Javier Milei
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una actualización necesaria frente a un régimen considerado obsoleto y discrecional. También remarcó que la edad de 14 años ya rige en varios países de la región. Desde el kirchnerismo, en cambio, se posicionaron en la defensa de los delincuentes buscando su inimputabilidad.
La ley también otorga un rol central a las víctimas, con derecho a asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y posibilidad de intervenir en instancias restaurativas.
