El diputado de la ultraizquierda, Esteban Paulón intenta imponer una agenda nefasta que pretende convertir al Estado nacional en un gestor de la muerte.
Esteban Paulon defendió al Islam y sus lapidaciones de homosexuales
La eutanasia: Definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud.
La muerte asistida: Donde el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.
En un claro ataque a la propiedad privada y a la eficiencia del sistema de salud que la actual administración busca sanear, el proyecto de Paulón establece que la práctica tendría cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, prohibiendo expresamente el cobro de copagos. Además, aunque reconoce la objeción de conciencia individual para los médicos, el proyecto prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos, vulnerando la libertad de asociación y de culto.
El proceso burocrático diseñado por el socialismo incluye la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario (psicólogos, psiquiatras y especialistas en bioética). Asimismo, se requiere que una Comisión de Evaluación y Garantías autorice la práctica tras dos solicitudes del paciente separadas por un intervalo de 15 días.
En un nuevo intento por instalar temas ajenos a la urgencia de la recuperación nacional, el diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, ha presentado en el Congreso un polémico proyecto de ley denominado “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”. Esta iniciativa, que responde a los manuales del progresismo internacional, busca institucionalizar el derecho a solicitar asistencia médica para morir en casos de enfermedades graves o padecimientos crónicos que generen un sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.
La propuesta del legislador Paulón no escatima en detalles que han encendido las alarmas en los sectores que defienden la vida y la libertad institucional. El proyecto establece un límite de edad peligrosamente bajo, permitiendo que menores desde los 16 años puedan acceder a este régimen. Entre los requisitos para solicitar la práctica, se exige ser argentino o residente permanente con al menos un año de antigüedad, además de contar con una certificación médica de una enfermedad grave e incurable.
El texto detalla dos modalidades para llevar a cabo el procedimiento:
Para blindar legalmente a quienes ejecuten estas prácticas, la iniciativa propone modificar el Código Penal para que el profesional de la salud que realice la eutanasia no sea punible. También se prevén cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para permitir directivas anticipadas.
En sus fundamentos, el diputado Paulón utiliza una retórica colectivista al afirmar que “la obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”. El legislador, citando modelos de países como Países Bajos, Bélgica y España, confía en que existen “votos en todos los bloques” para avanzar, a pesar de que la Iglesia y vastos sectores de la sociedad ya han manifestado su rotunda oposición.
Este proyecto se suma a otros cinco intentos previos de la "militancia del adiós" —bajo nombres como “Ley de Buena Muerte”— que hasta ahora no han logrado consenso en el Congreso. Mientras la Argentina de Javier Milei mira hacia el futuro, los sectores rezagados de la vieja política insisten en legislar sobre el final de la vida, pretendiendo que el sistema de salud, ya golpeado por décadas de mala gestión, cargue con el costo de su nefasta agenda ideológica.
