La planta estatal se redujo en 72.522 empleados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, una caída del 21,1% sobre el total de trabajadores.
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Educación
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Transporte
Ministerio de Turismo y Deportes
Ministerio del Interior
Toda la operatividad de estas carteras fue redistribuida entre las áreas sobrevivientes y dos ministerios de nueva creación. Entre las carteras creadas destacan el Ministerio de Capital Humano —que concentró las competencias antes repartidas entre Trabajo, Educación y Desarrollo Social— con una plantilla de 7.470 empleados, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger con 349 trabajadores, eje de la reforma administrativa. Asimismo, la Presidencia de la Nación pasó a tener rango propio en el organigrama con 4.149 puestos.
En las carteras subsistentes, los recortes más marcados se registraron en:
Salud: lideró la reducción absoluta al pasar de 8.265 a 7.002 empleados (-1.263 personas).
Economía: bajó de 8.686 a 7.682 trabajadores (-1.004 empleados).
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: cayó de 3.048 a 2.438 puestos (-610 personas).
El Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei presentó ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2027. En el marco de dicha Exposición de Motivos, la gestión oficial presentó un balance exhaustivo sobre las profundas transformaciones aplicadas a la estructura del Estado desde diciembre de 2023, destacando la drástica reducción de la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Según se expuso, el Gobierno sostuvo textualmente: “El proceso de racionalización del Estado implicó la reducción del número de Ministerios y Secretarías y la eliminación de cerca de 72.000 puestos de trabajo en el Sector Público”.
Los datos oficiales, que comparan la nómina de noviembre de 2023 con julio de este año —último registro disponible—, confirman que la planta total de trabajadores del Estado se desplomó de 343.357 a 270.835 personas. Esta reformulación estructural significó una caída de 72.522 puestos de trabajo, representando un saneamiento del 21,1% en la planta de personal. Este ajuste se distribuyó en dos grandes bloques institucionales:
La Administración Pública Nacional propiamente dicha, donde el personal pasó de 233.098 a 183.520 empleados, alcanzando una baja de 49.578 personas (-21,3%).
Las empresas y sociedades del Estado, cuya fuerza laboral se redujo de 110.259 a 87.315 trabajadores, registrando la baja de 22.944 personas (-20,8%).
Al examinar la estructura interna de la Administración Pública Nacional, el reordenamiento demostró ser altamente eficiente. La administración centralizada —que agrupa a los ministerios y a la Jefatura de Gabinete de Ministros— encabezó el porcentaje de saneamiento al descender de 55.858 a 37.657 puestos, lo que implica una baja de 18.201 personas (-32,6%).
Por su parte, la administración descentralizada recortó su nómina de 136.763 a 111.117 empleados, reduciéndose en 25.646 personas. En simultáneo, la administración desconcentrada redujo su dotación de 24.932 a 21.131 trabajadores, representando un descenso de 3.801 personas.
En un combate frontal contra la duplicación de funciones, el gobierno de Javier Milei redujo el organigrama ministerial de 18 a tan solo 8 carteras. Un total de 12 ministerios fueron eliminados como estructuras independientes:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Cultura
Ministerio de Desarrollo Social
Defensa: redujo su dotación de 1.174 a 955 empleados (-219 personas).
En contraposición, la gestión priorizó áreas esenciales de combate al delito y orden institucional. El Ministerio de Justicia incrementó sus puestos de 1.553 a 2.858 (incremento de 1.305 personas, equivalente a un 84%). En tanto, Seguridad Nacional sumó personal de 1.254 a 1.408 (154 personas más). Finalmente, la Jefatura de Gabinete de Ministros se mantuvo estable, con una leve variación de 3.330 a 3.346 trabajadores.
El plan de austeridad se desplegó sobre las empresas y sociedades del Estado, recortando 22.944 puestos de trabajo (-20,8%). Las reducciones por compañía fueron las siguientes:
Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino): encabezó el recorte absoluto al pasar de 16.897 a 11.279 trabajadores (reducción de 5.618 personas).
Operadora Ferroviaria S.E.: redujo su plantilla de 23.834 a 19.529 empleados (4.305 personas menos).
Banco de la Nación Argentina: disminuyó de 17.806 a 15.425 trabajadores (-2.381 empleados).
Aerolíneas Argentinas: recortó su nómina de 11.899 a 9.976 empleados (-1.923 personas).
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): bajó su plantel de 7.799 a 5.933 trabajadores (-1.866 empleados).
En términos porcentuales, el reordenamiento registró picos de ajuste en:
Casa de Moneda: redujo su personal de 1.411 a 694 empleados (-50,8%).
Educar S.A.U.: pasó de 446 a 168 trabajadores, registrando una contracción del 62,3%.
La única excepción porcentual fue Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE), que pasó de 73 empleados en noviembre de 2023 a 501 trabajadores en julio de este año (aumento de 428 puestos de trabajo, equivalente a un crecimiento del 586,3%). Sin embargo, la propia información oficial aclara que este salto se debe a un reordenamiento administrativo tras absorber en septiembre de 2024 la estructura y personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), y no a una expansión real de la estructura estatal.
Por último, los organismos agrupados bajo la categoría “otros entes” disminuyeron su nómina de 15.545 a 13.615 empleados, significando una caída de 1.930 puestos de trabajo (-12,4%).
