Escándalo en AFA: ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó amplias irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una empresa que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos directos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El informe oficial del organismo ubica a la firma en el centro de una investigación penal que involucra a referentes de la conducción de la AFA, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el propio Toviggino. Las sospechas abarcan delitos de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades fantasma dentro de una estructura que ahora es analizada por la Justicia.

Según la documentación elaborada por ARCA, Malte SRL fue declarada por la AFIP como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, luego de detectar patrones de funcionamiento compatibles con empresas pantalla. El reporte oficial es contundente: “Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”. Entre las anomalías identificadas se destacan cambios frecuentes de domicilio fiscal, una multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.

El análisis técnico incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas, muchas de ellas por conceptos alejados de la actividad formal declarada por Malte SRL y sus contrapartes. El expediente también reveló una estructura laboral atípica: la compañía solo registró un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad estableció sus sedes impositivas en Santiago del Estero.

Además, ARCA detectó que las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes eran compartidas con otras firmas del mismo entramado, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL, lo que refuerza la hipótesis de un circuito coordinado de facturación entre empresas vinculadas. El informe también remarca que Malte SRL no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra relevantes, específicamente en los años 2020, 2021, 2024 y 2025, una situación considerada incompatible con el nivel de facturación registrado.

A esto se suma la detección de servicios facturados por la escribana Gilda Milani, lo que vincula a la empresa con Luciano Pantano, otro actor mencionado en la investigación. Uno de los puntos más llamativos para los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado bajo el amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. Según el informe, esta maniobra se da en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad resulta “indeterminable”. El reporte sostiene: “La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”.

Las revelaciones surgen en paralelo con el avance de la Justicia sobre la dirigencia del fútbol argentino. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros miembros de la comisión directiva. Además, les prohibió salir del país en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos argentinos.

De acuerdo con la denuncia judicial, la AFA habría retenido y no depositado esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en un esquema que, según la acusación, funcionaba mediante órdenes directas entre los principales responsables de la entidad. El pedido de investigación impulsado por ARCA se basa en pruebas documentales y testimonios internos de la propia AFA, los cuales descartan una eventual falta de recursos financieros y apuntan a una decisión deliberada de incumplir con las obligaciones tributarias.

El expediente recoge declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un sistema en el que la autorización de transferencias dependía exclusivamente de la orden del tesorero, mientras que los balances oficiales llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general. La causa también menciona maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, vinculadas con la estructura financiera de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino.

Entre 2021 y 2025, la entidad habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, utilizando intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. Estas operaciones son investigadas por presunto lavado de activos y administración fraudulenta. En el caso específico de Malte SRL, la AFIP concluyó que se trata de una sociedad apócrifa o de fachada, creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-apoc como “usina sin capacidad operativa” implica que la empresa no puede justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco.

La investigación también detectó la participación de familiares y allegados de dirigentes del fútbol en la administración y control de las empresas vinculadas, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de un entramado societario destinado a canalizar recursos fuera de los controles tradicionales. Con el impulso de ARCA, la causa penal mantiene hoy a la conducción de la AFA bajo estricta vigilancia judicial. El juez Amarante convocó a declarar a los principales directivos y dispuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país, ante la “gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa” prevista en la legislación penal tributaria argentina.

La defensa de la AFA intentó cerrar el expediente argumentando falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la investigación, que podría abrir un nuevo capítulo de tensión entre el proceso de ordenamiento institucional impulsado por el gobierno nacional y la conducción actual del fútbol argentino.