El vocero presidencial Adrián Ravier calificó la iniciativa como un “avance legal sin precedentes”.
“El Estado nacional, las provincias, los municipios y las personas humanas o jurídicas tienen prohibido contratar a los sujetos inscriptos en este registro”, subrayó Ravier.
Además, señaló que el proyecto “incorpora nuevas figuras delictivas y agrava las penas para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de otros recursos naturales no renovables”.
El Gobierno de Javier Milei destacó el proyecto de ley presentado para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, pidió al Poder Legislativo que avance “con la mayor celeridad posible” con el tratamiento de la iniciativa.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier calificó el proyecto como un “avance legal sin precedentes” y sostuvo que apunta a establecer un marco permanente para la defensa de los intereses estratégicos del país.
Según explicó, la iniciativa “busca dotar a la Argentina de un marco normativo integral, permanente y coordinado para la defensa de su soberanía, la protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo”.
Ravier sostuvo que la propuesta también redefine la defensa nacional como una función permanente del Estado, orientada a garantizar la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación argentina frente a amenazas y desafíos externos.
En ese marco, destacó la incorporación de restricciones destinadas a limitar la influencia extranjera y respondió a las críticas que generó la iniciativa.
El vocero rechazó algunas “interpretaciones maliciosas y críticas infundadas” y aclaró que “la conducta que se invoca sólo se configura cuando se interfiere en el proceso decisorio de las autoridades constituidas del país mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos”.
Según remarcó, se trata de un “hecho de extrema gravedad porque afecta la capacidad de autodeterminación del país y con ella su soberanía”.
Por último, Ravier vinculó la iniciativa con el superávit fiscal del Gobierno de Milei. Destacó que durante estos casi tres años de gestión la administración nacional “se concentró en lograr el superávit fiscal”, algo que permitió “comenzar a construir el punto logístico estratégico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”.
“El Presupuesto 2027 cuenta con una asignación específica para la Armada Argentina destinada a la construcción de la base naval integrada, y la única forma de planificar y concretar obras es con presupuestos superavitarios que aseguren que el capital para construir esté disponible", concluyó.
El funcionario también definió la propuesta como un “hito en el proceso de recuperación” de los territorios y espacios marítimos reclamados por Argentina. Entre sus objetivos, señaló el propósito de “castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de manera ilegítima” y proporcionar las “herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los puntos destacados por Ravier está relacionado con la explotación de recursos naturales. El proyecto plantea derogar la Ley 26.659 y sustituirla por un régimen que “expande el alcance de su aplicación y agrava las sanciones penales”.
La iniciativa también contempla restricciones para quienes participen de actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales. En particular, establece prohibiciones para ser proveedor, socio, accionista o participante directo de quienes desarrollen esas actividades y crea un Registro de Infractores.
