Las inversiones empiezan mucho antes de que aparezca una excavadora, se construya una planta o se contrate al primer empleado. Empiezan cuando alguien, sentado quizá a diez mil kilómetros de distancia, incorpora un país a una planilla y decide que vale la pena analizarlo. Por eso el cambio más importante que puede producir una política económica no consiste solamente en atraer capital, sino en modificar las expectativas con las que ese capital mira hacia el futuro.
Toyota ofrece esta semana uno de los ejemplos más contundentes. La compañía consiguió la aprobación definitiva de su adhesión al RIGI para ampliar su complejo de Zárate y producir vehículos electrificados. El proyecto supera los USD 1.300 millones y constituye la mayor inversión anunciada en la historia de la industria automotriz argentina. Su presidente local, Gustavo Salinas, fue todavía más explícito sobre el mecanismo: afirmó que, sin el RIGI, esa inversión no se habría realizado.
Esa frase importa más que el monto. Toyota ya estaba en Argentina, conoce el mercado, atravesó crisis, devaluaciones, controles y cambios de gobierno. No necesitaba descubrir el país. Lo que necesitaba era poder proyectar una decisión a muchos años sin incorporar como variable principal qué nueva regla podía aparecer después de hundir el capital. El RIGI modificó precisamente ese cálculo al ofrecer un marco de estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria para proyectos de gran escala.
Algo parecido aparece cuando se mira el proceso de desregulación. El Gobierno sostiene que ya eliminó alrededor de 17.000 regulaciones y viene reduciendo requisitos en mercados financieros, comercio exterior, transporte y trámites societarios. La IGJ, por ejemplo, simplificó este año las condiciones para que sociedades extranjeras se radiquen y operen en el país, reduciendo documentación y costos administrativos.
Puede parecer una cuestión menor frente a una inversión de USD 1.300 millones, pero responde al mismo problema. Una empresa no evalúa únicamente impuestos o salarios. Evalúa tiempo, permisos, incertidumbre, posibilidades de financiamiento y cantidad de decisiones administrativas necesarias antes de poder hacer aquello para lo que fue creada. Cada trámite innecesario no es solamente burocracia: es un costo agregado a la decisión de producir.
Ahí aparece una diferencia relevante respecto de buena parte de la discusión económica argentina. Durante años nos acostumbramos a mirar la inversión cuando ya había ocurrido y a preguntar cuántos dólares habían entrado. Pero el verdadero campo de batalla está un paso antes: qué condiciones hacen que una empresa considere a Argentina cuando distribuye capital entre distintos países.
