El Gobierno nacional intimó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) a garantizar la seguridad de los estudiantes luego de los hechos de violencia registrados en la Facultad de Ciencias Sociales, donde jóvenes liberales, de la agrupación Somos Libres, fueron agredidos por agrupaciones de izquierda en el marco de las elecciones del centro de estudiantes.
Los incidentes ocurrieron cuando estudiantes libertarios intentaban fiscalizar los comicios, una tarea clave para asegurar la transparencia del proceso. En ese contexto, grupos de izquierda reaccionaron con gritos, empujones e intentos de impedirles el ingreso al establecimiento, generando un clima de tensión dentro de la facultad.
A pesar de la gravedad de los hechos, los alumnos denuncian que las autoridades de la institución no intervinieron para frenar las agresiones, lo que agravó la situación y permitió que los episodios de hostigamiento se desarrollaran sin control.
Frente a este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Profe” Álvarez, envió una nota formal al rectorado exigiendo explicaciones y medidas urgentes. En la comunicación, el funcionario remarcó la obligación de la universidad de garantizar la seguridad, la libertad de expresión y el normal desarrollo de la vida académica.
El comunicado emitido por el subsecretario de Universidades de Milei.
Además, se solicitó un informe detallado sobre lo ocurrido y las acciones adoptadas tras los incidentes, incluyendo posibles sanciones a los responsables. El objetivo es evitar que este tipo de situaciones se repitan y establecer responsabilidades claras dentro de la institución.
El Gobierno ya intervino por hechos similares en la UNMDP
Días atrás, el Gobierno nacional también debió intervenir en la Universidad Nacional de Mar del Plata tras una serie de agresiones contra estudiantes de la agrupación liberal CREAR+ Libertad, que había instalado un stand dentro del predio universitario.
En ese caso, la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió una nota formal a la rectora Mónica Biasone exigiendo respuestas urgentes y medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes, al considerar que los hechos atentaban contra la libertad de expresión y la convivencia democrática.
El planteo incluyó un pedido de informes detallado y la advertencia de posibles responsabilidades ante la falta de acción, marcando una línea clara del Gobierno frente a episodios de violencia política dentro de universidades públicas.
