El diputado LGBT pro infancias trans, Esteban Paulón intentó sembrar el pánico con datos obsoletos. La gestión de Milei expuso la irresponsabilidad de un dirigente con nulo peso electoral.
La existencia de investigaciones administrativas o judiciales por parte del Poder Ejecutivo.
Las medidas de mitigación y protocolos de respuesta implementados.
La vigencia de políticas de ciberseguridad y si estas fueron auditadas en los últimos tres años, requiriendo saber qué organismos las realizaron y cuáles fueron los resultados.
La posible relación de estos hechos con otros organismos como ARCA (ex AFIP), ANSES, SUBE, Mi Argentina, el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y las Becas Progresar.
La recepción de denuncias oficiales por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
En un acto de firmeza institucional, el Gobierno Nacional ha desmentido de forma categórica las versiones que circulaban sobre una supuesta vulneración de la seguridad informática del Estado. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno calificó de "FALSO" el reporte sobre filtraciones masivas en el Ministerio de Salud, denunciando que esta maniobra es "engañosa, dañina y carece de todo sustento técnico".
La respuesta oficial dejó en claro que se trata de una operación política orquestada por el Diputado Nacional Esteban Paulón, a quien definieron como un "fallido candidato electoral de CABA con menos del 1%" de los votos.
La controversia comenzó cuando Paulón, utilizando su plataforma en la red social X, publicó un mensaje titulado "FILTRACIÓN MASIVA: LA CYBER INTELIGENCIA DIBUJADA". En dicho posteo, el legislador —ferviente activista LGBT— afirmó que se había producido una falla que exponía "historias clínicas y datos sensibles de millones de argentinas y argentinos". Para dar un tinte de legalidad a su relato, el diputado con DNI 26.569.572, con domicilio en Rivadavia 1841, piso 11, Oficina 1119, presentó el 15 de mayo de 2026 un pedido formal ante la Agencia de Acceso a la Información Pública bajo el expediente RE-2026-48997720-APN-DNPAIPPAAIP.
Amparándose en la Ley 27.275 de "Derecho de Acceso a la Información Pública", Paulón exigió detalles sobre supuestos "incidentes de ciberseguridad, accesos no autorizados y eventuales filtraciones de datos personales y sanitarios" ocurridos durante el año 2026. En su extenso pliego de preguntas, el diputado consultó sobre:
La detección de incidentes en el Ministerio de Salud o dependencias vinculadas durante el año 2026, solicitando fechas y naturaleza del ataque.
Los mecanismos de notificación a las personas presuntamente afectadas.
Ante este intento de desestabilización comunicacional, la respuesta técnica del gobierno de Javier Milei fue demoledora. Se informó que la información que circula en sitios de la deep web como "prueba" proviene en realidad de "bases antiguas de los años 2022 y 2023", correspondientes a la gestión anterior, y que no guardan "ninguna relación con un incidente actual ni con una brecha en los sistemas" de la cartera de Salud.
De manera taxativa, el Gobierno comunicó que "ningún servidor del Ministerio de Salud fue atacado ni comprometido" y que una "parte muy significativa de los datos" mostrados por el legislador ni siquiera pertenecen a bases administradas por el Estado.
Finalmente, la Oficina de respuesta oficial lanzó una dura advertencia sobre la conducta de Paulón, señalando que tiene la "obligación de verificar la información antes de salir a difundir noticias falsas".
El comunicado sentenció que amplificar desinformación sin chequeo previo representa una "grave irresponsabilidad" y un "ejercicio indigno de la banca que ocupa", concluyendo que el único fin de estos sectores es "desprestigiar al Gobierno, sin importar el daño que esto pudiera ocasionarles a los argentinos"
