Una reciente investigación publicada por el medio Chequeado expuso la existencia de una red de desinformación del gobierno ruso que busca influir en la opinión pública argentina y atacar al Gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, esta situación no es nueva. La administración libertaria, por medio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ya había descubierto estas operaciones en 2025.
Durante junio del año pasado, la SIDE identificó a un grupo de ciudadanos rusos radicados en el país que operaban en coordinación con colaboradores locales en actividades alineadas con intereses geopolíticos de Rusia.
La investigación oficial determinó que estas acciones formaban parte de una estructura organizada conocida como “La Compañía”, vinculada al denominado “Proyecto Lahkta”, impulsado anteriormente por el oligarca ruso Yevgeniy Prigozhin.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en su momento que el líder de esta organización en Argentina era Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso que residía en el país junto a su esposa Irina Iakovenko. Ambos habían recibido financiamiento para construir una red de vínculos locales con el objetivo de desplegar operaciones de desinformación.
La investigación de la SIDE estableció que esta estructura tenía como finalidad conformar un grupo de personas leales a los intereses rusos para ejecutar campañas de dirigidas contra el Estado argentino y el Gobierno de Milei.
Estas maniobras incluyeron la producción y difusión de noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación, la injerencia sobre organizaciones civiles, fundaciones y ONG, así como la realización de focus groups para medir el impacto de los mensajes.
El presidente Javier Milei y Vladimir Putin.
En este contexto, la investigación que salió a la luz hoy detectó al menos 250 publicaciones, entre noticias falsas, análisis y columnas de opinión, difundidas entre junio y octubre de 2024 en más de 20 sitios web, con un presupuesto estimado de 283 mil dólares.
Además, se comprobó que la organización avanzaba en la recolección de información sensible que podía ser utilizada en beneficio de intereses extranjeros. Desde el Gobierno nacional señalaron que estas actividades constituían una amenaza directa contra la seguridad y la soberanía del país.
En ese sentido, la gestión de Milei no solo identificó a tiempo estas operaciones, sino que también expuso el funcionamiento de una red que buscaba incidir en la política argentina.
