Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que apunta a eliminar decenas de leyes obsoletas y a simplificar el entramado normativo argentino.
Con esta media sanción, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con uno de sus proyectos clave de desregulación del Estado.
La votación registró 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, reflejando un respaldo significativo a una propuesta que busca modernizar el marco legal del país.
La votación.
El proyecto del Gobierno de Milei promueve la seguridad jurídica y elimina trabas innecesarias para el desarrollo económico y social, partiendo de un principio central: todo aquello que no está prohibido por la Constitución Nacional no debería requerir una ley específica.
La iniciativa propone derogar normas que, en muchos casos, generaban estructuras burocráticas y gastos innecesarios para el Estado.
Entre ellas, se incluyen leyes que dieron origen a organismos como la Federación Argentina de Municipios, señalados por el Gobierno como ejemplos de estructuras que incrementaron el gasto sin aportar soluciones concretas.
El presidente Javier Milei.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su objetivo de “depurar” el sistema legal argentino. Muchas de las leyes alcanzadas por esta revisión fueron sancionadas durante gobiernos de facto, como los de Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Onganía, Reynaldo Bignone y Agustín Lanusse, entre otros.
Sin embargo, también se incluyen normativas impulsadas en períodos democráticos, durante las presidencias de Raúl Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Juan Domingo Perón.
El Gobierno de Javier Milei destacó que esta reforma representa un paso fundamental hacia un Estado más ágil, eficiente y alineado con las necesidades actuales, dejando atrás regulaciones que perdieron vigencia o que directamente obstaculizaban la iniciativa privada.
Con la media sanción ya obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de las piezas centrales de su programa de transformación estructural.
