La sanción, que se logró mediante detección electrónica, también incluyó los gastos operativos derivados de la operación.
El Gobierno de Javier Milei sancionó a un buque pesquero extranjero que operaba ilegalmente en aguas argentinas, reforzando el control del Atlántico Sur.
La multa, que asciende a $1.260 millones, fue aplicada tras una detección electrónica dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
El caso involucra al buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, cuya actividad fue detectada el pasado 10 de enero mediante sistemas tecnológicos de vigilancia marítima.
Según el informe oficial, la embarcación se desplazaba a una velocidad inferior a los 4 nudos, un indicador compatible con tareas de pesca.
Los datos obtenidos fueron posteriormente validados mediante la plataforma Skylight, reforzando la precisión del sistema de monitoreo y el proceso de identificación. Esta articulación entre herramientas tecnológicas y organismos estatales permitió avanzar en la sanción sin necesidad de capturar físicamente al buque.
La medida fue informada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en el marco de un trabajo coordinado con la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
La detección se realizó a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica desarrollada por la propia fuerza que permitió identificar el ingreso del buque a la ZEEA y su permanencia durante aproximadamente una hora y media.
Desde el Gobierno de Milei destacaron que se trata de un antecedente histórico en materia de combate a la pesca ilegal, ya que por primera vez se logra aplicar y hacer efectiva una sanción económica de esta magnitud basada exclusivamente en evidencia electrónica.
El procedimiento no solo incluyó la multa, sino también el cobro de los gastos operativos derivados de la detección, consolidando un esquema de fiscalización más eficiente frente a la pesca ilegal.
Este avance se inscribe en una estrategia más amplia orientada a reforzar la protección de los recursos ictícolas nacionales. En ese sentido, las autoridades remarcaron que el caso marca el inicio de una política de “tolerancia cero” frente a la Pesca No Declarada No Reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sur.
De esta manera, el Gobierno de Milei busca fortalecer la capacidad de respuesta ante infracciones en aguas nacionales, especialmente por las flotas ilegales chinas que operan en la región.
