El Gobierno de Axel Kicillof comenzó a aplicar la Ley Provincial N° 14.798, la cual generó fuertes cuestionamientos y malestar entre consorcios y propietarios en edificios de la provincia de Buenos Aires, no solo por la absurda regulación, sino también por el enorme costo económico que genera.
La normativa, que regula la actividad de los guardavidas, exige la presencia obligatoria de personal habilitado en todas las piletas de uso común, sin establecer diferencias según tamaño, capacidad o características del espacio.
Esto implica que cualquier pileta perteneciente a un edificio, incluso las más pequeñas, es obligada a contratar a un guardavidas, quedando alcanzada por las mismas exigencias que instalaciones de gran escala. Para administradores y vecinos, esta regulación genera una carga económica difícil de sostener.
Axel Kicillof.
Sebastián Libano, dirigente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, describió el escenario con preocupación: “Se está haciendo imposible cumplir la reglamentación económicamente”.
Además, remarcó una de las principales críticas: “no diferencia entre una pileta de natación y una de lona. Si es de uso común tiene que tener bañero”.
La normativa exige jornadas de seis horas diarias durante al menos 150 días corridos, lo que obliga a contratar más de un guardavidas si la pileta permanece abierta durante toda la jornada. A esto se suman aportes previsionales, indumentaria obligatoria y equipamiento de seguridad, como botiquines, tablas espinales y desfibriladores automáticos.
El resultado es un aumento exponencial de las expensas. En edificios pequeños, el costo de incorporar un guardavidas puede igualar o incluso superar el salario del encargado, generando un efecto inmediato en las liquidaciones mensuales que los vecinos rechazan.
Pileta de edificio.
Ariel Coppari, presidente de la Cámara, explicó cómo reaccionan los consorcios ante este escenario: “Los administradores plantean el tema, no les aprueban el gasto y optan por cerrar la pileta. Algunos la cierran y otros directamente la llenan de tierra. No las pueden mantener”.
El fenómeno incluso adquirió un nombre dentro del sector: la “pileta muerta”. Se trata de espacios que siguen existiendo en los edificios, figuran en los planos y en los avisos inmobiliarios, pero permanecen inutilizados porque el consorcio no puede afrontar los costos que exige la normativa para habilitarlas.
La presión no es solo económica. Los administradores también enfrentan un dilema legal. Mantener la pileta abierta sin guardavidas matriculados puede derivar en multas severas y en responsabilidades civiles. Pero cumplir con la ley implica trasladar costos que muchos propietarios e inquilinos consideran directamente inviables.
Coppari insistió en la falta de criterios razonables dentro de la norma: “Tendrían que haber dado una definición por tamaño. Hay edificios que tienen piletas de 2 por 2 y tienen que poner un bañero”.
Mientras tanto, crece la incertidumbre de cara a la próxima temporada. Los administradores reclaman una revisión urgente de la ley para evitar que el número de piletas cerradas continúe aumentando.
En el contexto actual, la insólita normativa impulsada por el Gobierno de Kicillof no solo genera rechazo por su rigidez, sino también por el enorme costo en el bolsillo de los bonaerenses.
