En medio del Mundial, jueces K y el activismo LGBT frenaron el DNU que impedía la hormonización de menores

El fallo todavía no resolvió si el decreto es constitucional. Sin embargo, suspendió sus efectos en todo el país hasta que exista una sentencia definitiva. En la practica, la decisión vuelve a poner provisoriamente en vigencia el régimen anterior de la degenerada Ley de Identidad de Género, que permite el acceso de menores a tratamientos hormonales y a intervenciones quirúrgicas.

El DNU firmado por Milei el 6 de febrero de 2025 había establecido una prohibición expresa para todos los menores de edad. El Gobierno justificó la medida en la protección del interés superior del niño, los posibles efectos irreversibles de las intervenciones, la falta de madurez neurobiológica y psíquica y la ausencia de certezas suficientes sobre las consecuencias de largo plazo de la hormonización.

Pese a esos argumentos, Treacy y Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales suficientes para modificar mediante un decreto una ley aprobada por el Congreso. También consideraron que la prohibición general afectaba los principios de capacidad progresiva, identidad de género, salud y no discriminación.

La ofensiva judicial fue impulsada por la Federación Argentina LGBT+ junto con el diputado socialista Esteban Paulón, integrante de la Comisión Directiva de la organización. Ambos promovieron la acción contra el DNU 62/2025, aunque la jueza Macarena Marra Giménez rechazó posteriormente la intervención individual del legislador dentro del expediente. La Federación continuó con el reclamo y logró que la Cámara suspendiera cautelarmente el decreto.

Mientras el Gobierno nacional había fijado los 18 años como límite para evitar decisiones médicas de consecuencias potencialmente irreversibles, dos jueces de Cámara a pedido del lobby LGTB dejaron sin efecto esa protección de manera provisional y con alcance nacional.