La provincia de Buenos Aires acordó este miércoles con los gremios docentes y estatales de la Ley 10430 un pésimo aumento salarial del 7% escalonado en julio y agosto. El entendimiento se alcanzó luego de que la mayoría de las organizaciones sindicales aceptara la propuesta presentada por el Gobierno de Axel Kicillof en la mesa paritaria.
Sin embargo, este acuerdo deja en evidencia las limitaciones y la gestión deficitaria del gobernador Axel Kicillof. Con un incremento del 5% este mes y del 2% en agosto sobre los salarios de junio representa más un paliativo temporal que una verdadera recomposición.
La oferta acordada incluye el compromiso de retomar la discusión salarial en septiembre, lo que posterga nuevamente la resolución estructural de un problema que los docentes y estatales vienen denunciando hace meses.
La negociación estuvo atravesada por el reclamo de los sindicatos y derivó en un paro docente realizado a fines de junio por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba). Este conflicto no surgió de la nada: refleja el hartazgo ante una gestión que ha priorizado otros frentes mientras la educación bonaerense acumula deudas históricas.
Impacto salarial limitado y ejemplos reveladores
El incremento tendrá como base de cálculo los salarios de junio y se aplicará en dos tramos. Desde Suteba detallaron algunos ejemplos del impacto sin antigüedad. Para un preceptor, la mejora representa un 8,9%; para un maestro de grado, un 8%; y para un profesor, un 7,5%.
Un aumento que apenas supera el 7% promedio en cuotas deja a la gran mayoría de los trabajadores por debajo de la inflación reciente y sin perspectivas claras de recuperación. La gestión de Kicillof vuelve a demostrar que todo el peso de la mala gestión cae sobre los docentes bonaerenses.
El ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó el “valor político” del acuerdo paritario alcanzado por el Gobierno de Axel Kicillof con los gremios estatales. Esta declaración resulta reveladora: más que resolver problemas concretos, el oficialismo busca capitalizar políticamente un acuerdo pobrísimo.
Reclamos pendientes: violencia, IOMA, IPS y FONID
La paritaria se desarrolló en un contexto en el que los sindicatos reclamaban, además de una recomposición salarial, violencia en las escuelas, la situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Si bien el acuerdo incorporó una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso contra trabajadores de la educación, y se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, estas medidas suenan más a declaraciones de intención que a soluciones concretas y urgentes.
Para los trabajadores alcanzados por la Ley 10430, el acuerdo contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos, y la conformación de mesas técnicas para continuar la discusión sobre convenios colectivos de trabajo y carrera administrativa.
