En medio de un clima político marcado por las investigaciones judiciales sobre el manejo de fondos públicos durante las administraciones kirchneristas, la Justicia federal dispuso una medida de fuerte impacto: el levantamiento del secreto bancario y bursátil de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otras personas vinculadas a su entorno. La medida surge de un documento oficial emitido por el Banco Central de la República Argentina, fechado el 11 de febrero de 2026, bajo la referencia “SOLICITUD DE INFORMACIÓN – URGENTE”, dirigido a entidades financieras, operadores de cambio, casas y agencias de cambio, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra, y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago.
El organismo informó que la solicitud responde al Oficio (OF) N.º 63083/2026, librado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en el marco de la causa caratulada: “N.N. S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO (Dte. Castro Bergamin, Nahuel Imanol, apoderado Municipalidad de Quilmes)”, correspondiente al Expediente N.º FLP 16542/2022. El documento judicial fue remitido mediante correo electrónico institucional dinco@prefecturanaval.gov.ar, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, organismo que interviene en la investigación. Según el texto oficial, el juzgado ordenó “el levantamiento del secreto bancario y bursátil, como así también los compromisos legales y contractuales de confidencialidad respecto del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores”.
La medida se fundamenta en lo establecido por el artículo 39, inciso “a”, de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, normativa que habilita el acceso a información financiera cuando existe una investigación judicial en curso. De acuerdo con el oficio, la disposición alcanza a diversas personas físicas vinculadas a la causa, entre ellas:
Sebastián Roberto Raspa, CUIT n.º 20-…
Martín Bordalejo, CUIT n.º 20-…
