Papelón: La UBA marchará este martes por una ley que está suspendida por la Justicia

Se trata de una ley deficitaria que impone obligaciones presupuestarias insólitas, con gastos de hasta 2,5 billones de pesos, y tiene como único objetivo destruir el superávit fiscal y quebrar al Estado.

Por este motivo, la ley fue suspendida recientemente por la Justicia, lo que impide su aplicación en las condiciones actuales. A pesar de esto, la movilización insiste en reclamar su implementación, reforzando un planteo que se sostiene en una norma que no puede ejecutarse y que compromete la estabilidad macroeconómica de todo el país.

El trasfondo del conflicto no es presupuestario, sino político. Durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, la educación sufrió un fuerte desfinanciamiento sin que se registraran marchas de esta magnitud ni reclamos de la intensidad actual.

La ausencia de movilizaciones en ese período contrasta con la convocatoria presente y deja en evidencia que el objetivo no es la defensa del sistema educativo, sino la confrontación política.

La marcha del 12 de mayo busca intentar instalar una narrativa de crisis que no se corresponde con los datos reales de ejecución presupuestaria.

El Gobierno de Milei presentó documentos oficiales en donde se puede ver que los recursos están asignados, el funcionamiento está garantizado y las transferencias fueron realizadas.

En este contexto, la movilización se configura como una acción orientada a presionar por una expansión del gasto estatal sin respaldo, utilizando argumentos que no reflejan la situación actual del financiamiento universitario y defendiendo una norma que ya fue suspendida por la Justicia.