El detalle de los datos también refuerza esta tendencia. En las dedicaciones simples —las más numerosas— se observa un aumento sostenido, pasando de 1404 cargos en mayo de 2023 a 1527 en febrero de 2026. En paralelo, las dedicaciones exclusivas y semiexclusivas se mantienen relativamente estables, sin evidenciar un recorte significativo.
La discusión tomó mayor temperatura luego de que la cuenta oficial de Exactas UBA afirmara falsamente que 438 docentes e investigadores dejaron la facultad desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con un ritmo de renuncias de “uno cada dos días”.
Frente a esas afirmaciones, el subsecretario de Políticas Universitarias salió al cruce y cuestionó tanto las cifras difundidas como el contexto en el que se instalaron. En ese marco, apuntó contra las autoridades de la facultad y señaló que, tras el acto político encabezado por Axel Kicillof dentro de la UBA, no se han vuelto a dictar clases.
El funcionario también rechazó las denuncias de una supuesta “fuga masiva” de docentes y remarcó que ese tipo de planteos no se condice con los datos oficiales. Según sostuvo, más allá de eventuales movimientos internos, la cantidad total de cargos no solo no cayó, sino que aumentó en los últimos años.
Mientras desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se impulsa un discurso de crisis, con denuncias de renuncias masivas y reclamos contra el Gobierno nacional, los propios datos oficiales de la universidad muestran una realidad distinta. Lejos de achicarse, la planta docente no solo se mantuvo, sino que creció en los últimos años.
Según información difundida por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Profe” Álvarez, la cantidad de cargos pasó de 1968 en mayo de 2023 a 2095 en febrero de 2026. El dato no solo contradice la idea de un recorte, sino que expone una expansión concreta de la estructura docente en ese período.
La planta de docentes aumentó en la facultad de Ciencias Exactas.
El crecimiento no es menor: se trata de más de 120 cargos adicionales en menos de tres años, en un período donde distintos sectores vinculados a la universidad instalaron la idea de un desfinanciamiento generalizado. Lejos de esa narrativa, los números muestran una estructura que no solo se mantiene, sino que se expande.
El Gobierno exigió garantizar clases y advirtió por el financiamiento
En medio del conflicto universitario, el Gobierno nacional les dio un plazo de 48 horas a las universidades para presentar un plan que garantice la continuidad de las clases, los exámenes y la recuperación de contenidos frente a los paros docentes.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro “El Profe” Álvarez, en un contexto de creciente preocupación por la suspensión de actividades académicas que, en algunos casos, se extiende durante semanas.
El comunicado de Capital Humano.
El requerimiento incluyó puntos concretos: asegurar el acceso a los establecimientos para docentes que no adhieran a las medidas de fuerza, implementar alternativas como clases virtuales o reprogramaciones, y garantizar que los estudiantes no pierdan la regularidad ni las instancias de evaluación.
Además, el Gobierno dejó en claro que el financiamiento estatal está atado al funcionamiento efectivo del sistema y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían intervenir organismos de control y revisarse la asignación de recursos, reforzando así la presión sobre las autoridades universitarias.
