La compañía participará en la finalización de Tocoma y en la reconstrucción del sistema eléctrico venezolano.
El consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es la estadounidense ARC Energy, asumió el control tras presentar una oferta de capital de 27 millones de dólares y hacerse cargo de una deuda cercana a los 576 millones.
Las negociaciones para retomar las obras en Venezuela se realizaron directamente con el Ministerio de Energía y la estatal Corpoelec, aunque bajo monitoreo de Estados Unidos debido al origen del nuevo grupo controlador de la empresa.
El acuerdo había permanecido bloqueado durante años por problemas de pago del régimen venezolano, lo que dejó equipos sin utilizar en Mendoza.
La situación se destrabó tras una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que permitió reactivar el vínculo contractual mediante una adenda a acuerdos previos inconclusos.
Si bien el aporte inicial de 2.640 MW representa una porción menor de la capacidad instalada total de Venezuela, el proyecto es considerado un primer paso en la reconstrucción del sistema eléctrico del país, fuertemente deteriorado tras años de falta de inversión.
Además, el acuerdo se produce en un contexto de apertura del sector energético venezolano, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma legal para permitir la participación privada en la generación, distribución y comercialización de energía mediante concesiones.
De esta manera, IMPSA, ahora bajo control privado tras la primera privatización del Gobierno de Milei, busca consolidar su regreso a proyectos internacionales de gran escala, en un mercado energético que intenta reactivarse tras años de crisis estructural.
La empresa IMPSA, la primera compañía estatal privatizada por el Gobierno de Javier Milei, firmó este sábado un acuerdo con Venezuela para realizar obras estratégicas en centrales hidroeléctricas como la de Tocoma, un proyecto paralizado desde mediados de los años 2000.
El convenio marca un nuevo paso en la proyección internacional de la compañía tras su traspaso al sector privado en 2025, cuando el Estado nacional transfirió su participación mayoritaria a un consorcio estadounidense.
La operación significó la primera privatización concreta de la gestión libertaria, en línea con su política de reducción del tamaño del Estado.
En este contexto, IMPSA vuelve a posicionarse en el sector energético regional con un acuerdo que apunta a reconstruir parte de la deteriorada red eléctrica venezolana.
Según informó la presidencia de ese país, “hemos suscrito un acuerdo histórico con IMPSA, reconocida empresa latinoamericana, para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que permitirán sumar 2.640 megavatios (MW) al país, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico de nuestra nación”.
La iniciativa incluye la finalización de Tocoma y trabajos sobre el sistema eléctrico, en un país afectado por cortes de luz recurrentes incluso en su capital. La obra forma parte del complejo hidroeléctrico del Guri, uno de los más importantes de América Latina, ubicado sobre el río Caroní.
El acuerdo también contempla intervenciones iniciales en otras centrales. Según explicó el director ejecutivo de IMPSA, Jorge Salcedo, en los primeros 100 días se buscará reparar tres turbinas de 80 MW en Macagua, mientras que posteriormente se instalarán dos unidades de 216 MW en Tocoma. En una segunda etapa, el proyecto podría aportar otros 1.968 MW adicionales.
La empresa había sido estatizada en 2021 durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y posteriormente privatizada a comienzos de 2025.
