El juez federal Daniel Rafecas también ordenó embargos preventivos por USD 500 millones para cada uno de los procesados.
El procedimiento contempla la aplicación de la Ley 27.784 de juicio en ausencia, destinada a permitir el avance del proceso contra personas que permanecen prófugas. En ese marco, los acusados tendrán representación legal a través del defensor oficial Hernán Silva.
El proyecto de ley de Juicio en Ausencia había sido enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, presentado formalmente por los ministerios de Seguridad y de Justicia, y se convirtió en ley el 20 de febrero de 2025.
La investigación judicial sostiene que la decisión de llevar adelante el ataque había sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y que la ejecución fue encomendada al grupo terrorista Hezbolá.
Para concretar el operativo, la organización contó con apoyos locales y una estructura regional asentada en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.
Entre los procesados como cómplices necesarios aparecen el exembajador iraní Hadi Soleimanpour, el exconsejero cultural Mohsen Rabbani y el agente de inteligencia Ahmad Asghari. También fue procesado Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbolá señalado como coordinador de la etapa final del atentado contra la AMIA.
Rafecas calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y atribuyó a los acusados delitos de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso, además del uso de un medio idóneo para provocar peligro común y daños por motivos discriminatorios.
Dentro de la resolución también quedaron señalados como responsables centrales del plan criminal el exministro de Inteligencia Alí Fallahijan, el exministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el comandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi.
En cambio, el juez dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. La situación procesal del líder supremo Alí Jamenei, de Imad Mughniyeh y de Alí Hussein Abdallah no fue tratada debido a que fueron abatidos recientemente.
La investigación también estableció una conexión entre el atentado contra la AMIA y el ataque contra un avión de línea ocurrido en Panamá al día siguiente, perpetrado por un pasajero suicida y que causó 20 muertes. Cuatro días después, ambos hechos fueron reivindicados conjuntamente por Hezbolá bajo la denominación "Ansar Allah".
Finalmente, a partir de un dictamen presentado por el fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema ante la posible conexidad entre esta investigación y la causa por el atentado contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992.
El juez federal Daniel Rafecas procesó a siente iraníes y un libanés por su responsabilidad en el atentado contra la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994, y avanzó con una resolución que permite encaminar la causa, por primera vez en la historia, hacia un juicio oral en ausencia de los acusados que permanecen prófugos.
La decisión judicial, plasmada en un fallo de más de 600 páginas, incluye además un embargo preventivo de 500 millones de dólares para cada imputado. El ataque terrorista contra la mutual judía provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada por Rafecas, los involucrados adquirieron una Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994 y la cargaron con 300 kilos de amonal y TNT.
El vehículo permaneció estacionado a cuatro cuadras de la AMIA hasta la mañana del lunes 18 de julio, cuando fue utilizado para concretar el atentado en un momento de alta concurrencia.
