El 88% de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner se utilizó para lavar dinero de la corrupción

Los registros analizados por el organismo indican que Los Sauces recibió $6.851.650 de compañías de Báez, $18.554.725 del grupo Indalo y $561.665 de la gerenciadora Idea. En conjunto, esas operaciones representaron el 88% de los ingresos facturados por la sociedad.

Las operaciones inmobiliarias bajo investigación

Los Sauces fue constituida el 7 de noviembre de 2006 por Cristina Kirchner, su esposo Néstor Kirchner y su hijo Máximo, con actividades inmobiliarias, hoteleras y turísticas como objeto social. La UIF reconstruyó una serie de adquisiciones y transferencias de propiedades que formaron parte del circuito utilizado para canalizar los fondos.

Entre las operaciones mencionadas figura la compra de un departamento de 426 metros cuadrados en Madero Center, Puerto Madero, que posteriormente fue alquilado a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. También se incorporó un dúplex en el mismo complejo, con cinco cocheras, que fue arrendado a Inversora M&S.

El papel de Cristina y Máximo Kirchner

En el caso de la corrupta expresidente, la UIF sostuvo que aprobó los balances anuales de Los Sauces, convalidó las adquisiciones inmobiliarias, designó autoridades y retiró fondos de la compañía para beneficio personal. También le atribuyó haber utilizado un inmueble de Río Gallegos como residencia particular sin pagar alquiler a la sociedad propietaria.

Por su parte, Máximo Kirchner fue señalado como organizador de la asociación ilícita. Según el organismo, el diputado nacional "diseñó, ejecutó y dirigió" el mecanismo de reciclaje de fondos y actuó como principal operador de los negocios privados familiares. Desde la fundación de la empresa ocupó la presidencia del directorio y tuvo participación directa en las compras, contratos de alquiler y movimientos financieros.

Florencia Kirchner, que heredó acciones de la compañía tras la muerte de su padre en 2010, no forma parte del juicio porque fue sobreseída por la Cámara Federal de Casación Penal, decisión que quedó firme hace tres años.

En su acusación, la UIF afirmó: “De esta forma, cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó, el que ha podido demostrarse a partir de las pruebas recolectadas en los distintos sumarios de los que se desprende no solo el acuerdo de voluntades de los nombrados, sino también la actuación coordinada de aquellos, que ensamblándose como piezas de un rompecabezas, permitieron diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes”.

Una vez finalizada la lectura de los cargos correspondientes a Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5 continuará con la acusación por Hotesur.

La Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que el 88% de la facturación de Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner, provino de operaciones destinadas a lavar dinero de la corrupción vinculada a la obra pública.

La acusación fue expuesta durante el juicio oral por los casos Hotesur y Los Sauces, donde el organismo describió el funcionamiento de una estructura que utilizó propiedades y contratos de alquiler para dar apariencia legal a fondos provenientes de empresarios corruptos beneficiados durante los gobiernos kirchneristas.

Según el requerimiento de elevación a juicio, Cristina Fernández de Kirchner ocupó el lugar de jefa de una asociación ilícita que funcionó entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. La UIF le atribuyó haber planificado, coordinado y dirigido, entre enero de 2009 y marzo de 2016, un mecanismo de lavado de activos a través de la inmobiliaria familiar.

La investigación identificó transferencias de empresas vinculadas a Lázaro Báez y al grupo Indalo, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S. También aparecen operaciones de Idea S.A.

En Río Gallegos, la sociedad recibió un terreno sobre la calle Alvear, donde la constructora Loscalzo y Del Curto, vinculada a Báez, levantó cuatro departamentos que luego fueron alquilados por Kank y Costilla.

La acusación también incluyó la adquisición de un terreno en El Calafate por $136.149, pese a que su tasación oficial ascendía a $445.000, y la compra del hotel La Aldea del Chaltén por $200.000, cuando su valor de mercado habría sido de $2.890.000. Este establecimiento fue alquilado posteriormente a Valle Mitre y a Idea.