Según explicó, cuando una norma fija precios o limita quién puede ofrecer un servicio, en los hechos “está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”. Para el ministro, ese esquema representa uno de los tantos privilegios legales que el Gobierno busca desmontar con su programa de desregulación.
En esa línea, anticipó que el Ejecutivo enviará un paquete legislativo para avanzar sobre distintos puntos del sector, con el objetivo de eliminar trabas que encarecen la construcción y la intermediación comercial. La intención oficial es avanzar hacia un mercado más libre, competitivo y dinámico, donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones corporativas.













