Un matrimonio de La Plata contrató a un abogado para iniciar una demanda por presunta mala praxis médica tras la muerte de su hija recién nacida. Le otorgaron un poder por escritura pública en julio de 2009 y consiguieron el beneficio de litigar sin gastos. Sin embargo, el reclamo civil nunca llegó a presentarse.
El profesional decidió no avanzar con la demanda. Según explicó años después, se basó en el resultado de la investigación penal por el mismo hecho, archivada en 2014 porque las pericias no encontraron elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al personal médico. Consideró que las chances de éxito en la vía civil eran bajas.
El problema, según la Justicia, no fue esa evaluación en sí misma. El abogado podía llegar a esa conclusión, pero tenía la obligación de comunicársela a tiempo a sus clientes. Si los padres hubieran sido informados, podrían haber consultado a otro letrado y analizar otras alternativas antes de que vencieran los plazos legales.
