Un hombre de 59 años se presentó en noviembre de 2014 en un sanatorio privado para realizarse una videocolonoscopía de control. El objetivo era extraer dos pólipos mediante polipectomía. La intervención terminó cerca del mediodía y le dieron el alta. Horas más tarde, alrededor de las 19, regresó con fuertes dolores, fiebre alta y palidez.
Los médicos decidieron intervenir a cielo abierto. El paciente relató que durante la colonoscopía le habían provocado perforaciones y quemaduras en el intestino. La situación derivó en una infección abdominal y en la colocación de sondas. A partir de ahí arrancó un largo proceso de recuperación.
Tuvo que atravesar varias cirugías y casi un año de tratamientos para reconstruir el tránsito intestinal y controlar las secuelas. Después de ese periplo, decidió iniciar una demanda por mala praxis contra los responsables de la atención médica.
Sostuvo que la perforación no había sido una consecuencia inevitable del estudio, sino el resultado de una actuación profesional deficiente. La defensa, en cambio, argumentó que se trataba de uno de los riesgos propios de una colonoscopía.
