La Justicia Federal dictó penas de prisión condicional tras comprobar una maniobra que adulteraba documentos para acceder ilegalmente a beneficios previsionales.
Después de más de 17 años de investigación judicial, la Justicia Federal condenó a una ex empleada de ANSES y a dos gestores por integrar una red de jubilaciones fraudulentas que operó en la delegación de Rawson, en la provincia de San Juan.
La sentencia fue dictada este martes por el Tribunal Oral Federal de Rawson, integrado por los jueces Eliana Ratta, Hugo Echegaray y Daniel Doffo, quienes homologaron un acuerdo entre la Fiscalía Federal y las defensas de los acusados.
Según trascendió, los condenados recibieron penas de dos años de prisión condicional, por lo que ninguno deberá cumplir cárcel efectiva. Los imputados son María Fernanda Cerdera, ex funcionaria de la UDAI Rawson, y los gestores Rubén Gómez y Carlos Zárate.
Causa por corrupción del ANSES en San Juan
En paralelo, Andrea del Valle Masquijo fue absuelta por el beneficio de la duda, luego de que la Fiscalía considerara que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación directa en las maniobras investigadas.
La causa judicial había comenzado el 31 de agosto de 2009 tras una denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social. El expediente quedó bajo la órbita del fiscal Francisco Maldonado y del entonces juez federal Leopoldo Rago Gallo.
La investigación logró reconstruir un sistema fraudulento que habría funcionado entre septiembre y octubre de 2008, durante la implementación de las moratorias previsionales impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner impulsó las moratorias previsionales.
Aquellos programas permitían que trabajadores sin los 30 años de aportes pudieran regularizar su situación previsional mediante planes de pago descontados directamente de la jubilación futura. La medida generó una demanda masiva de trámites en distintas oficinas del país.
En ese contexto, la UDAI Rawson había sido creada en 2006 para absorber la enorme cantidad de solicitudes, lo que derivó en largas filas y una fuerte saturación administrativa. Según determinó la investigación judicial, fue allí donde comenzó a operar la maniobra ilegal.
De acuerdo con el expediente, empleados y gestores particulares tramitaban jubilaciones utilizando únicamente fotocopias de documentos de identidad adulterados.
El mecanismo consistía en modificar las fechas de nacimiento de las personas para hacerlas figurar con una edad superior a la real y así cumplir artificialmente con los requisitos exigidos para acceder a la jubilación.
Las irregularidades detectadas fueron de distinta magnitud. En algunos casos, las fechas eran alteradas hasta diez años; en otros, cinco, tres o apenas algunos meses, suficientes para superar el límite mínimo requerido en ese momento: 65 años para hombres y 60 para mujeres.
