El ministro Juan Pablo Quinteros instruyó a la fuerza para intervenir tras la liberación del acusado en Villa Belgrano.
La investigación por la muerte de Luis "Bicho" Azabal dio un giro institucional tras el anuncio oficial de la conformación de la Policía como querellante. El suboficial fue asesinado tras recibir un disparo fatal en una vivienda de barrio Villa Belgrano mientras acudía a un llamado por un robo en curso. Esta medida judicial busca que la institución tenga acceso directo al expediente y pueda participar activamente en el esclarecimiento del hecho.
El ministro de Seguridad confirmó que el Jefe de la Policía representará a la fuerza en el proceso legal que investiga las circunstancias del crimen. La decisión se tomó luego de que el fiscal Víctor Chiapero dispusiera la libertad de Paolo Zambelli, de 39 años, bajo la figura de legítima defensa. El funcionario judicial modificó la imputación inicial de homicidio agravado, lo que permitió que el principal acusado abandonara la detención pocas horas después.
Los investigadores secuestraron en la escena del crimen tres armas de fuego, incluyendo una pistola Glock 9 milímetros que habría sido la utilizada en el disparo. El episodio ocurrió el pasado jueves por la noche en la calle Neper al 5900, en el sector norte de la ciudad de Córdoba Capital. Según las hipótesis iniciales, el uniformado habría sido confundido con un delincuente por parte del propietario de la vivienda.
Según las hipótesis iniciales, el uniformado habría sido confundido con un delincuente por parte del propietario de la vivienda
Críticas judiciales y postura de Seguridad
“Instruí al Jefe de la Policía de Córdoba a que, en representación de la institución, se constituya como querellante particular en la causa que investiga este crimen”, señaló Quinteros. El funcionario ratificó la postura del Ejecutivo provincial al afirmar que no se debe mirar hacia otro lado ante agresiones que afecten a las fuerzas. Para el Ministerio de Seguridad, el ataque contra un efectivo policial representa un agravio directo contra las instituciones del Estado provincial.
La liberación de Zambelli generó una fuerte repercusión social y política, motivando cuestionamientos sobre la interpretación de las figuras penales en estos casos. Quinteros enfatizó la necesidad de terminar con las ambigüedades judiciales que, según su visión, terminan debilitando a quienes protegen a la ciudadanía. La intervención como querellante pretende acompañar el proceso hasta las últimas consecuencias para garantizar que se haga justicia por la muerte del agente.
“En Córdoba, el que ataca a un policía, ataca al Estado. Y el Estado responde”, expresó el titular de la cartera mediante sus canales de comunicación oficiales. La causa continuará bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, mientras se analizan las pericias balísticas realizadas sobre las armas incautadas en la propiedad. El Gobierno provincial sostiene que es una obligación cuidar a quienes cuidan a la sociedad cordobesa todos los días en el cumplimiento de su deber.
