Primero: el lenguaje. Llaman “gasto tributario” a lo que el fisco no cobra. Es una forma de hablar que cambia por completo el sentido de las cosas. Presupone que el dinero pertenece primero al Estado y que dejarlo en manos de quien lo generó es una generosidad, un “gasto” que el Estado hace. Es convertir el derecho de propiedad en una merced que el poder puede quitar cuando quiera. La exoneración del IMESI no era un gasto público. Era, simplemente, no arrebatar. Al eliminarla, el Estado recupera una potestad de cobrar. El mismo razonamiento se aplica al 6,9 % del PIB que aparece como gasto tributario: gran parte de esa cifra nunca salió del bolsillo de quien la produjo. Presentarla como algo que el Estado “recupera” legitima la idea de que el punto de partida natural es cobrar lo máximo posible.
Segundo: lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es la transferencia a los niños. Es concreto, tiene nombre y apellido, genera fotos y discursos. Lo que no se ve es todo lo que deja de ocurrir. El capital que no se forma. El auto que no se compra porque ahora es más caro. La inversión que no llega porque el mensaje es que las reglas fiscales pueden cambiar cada año. El puesto de trabajo que no se crea. Cuando el Estado saca recursos del sector privado, esos recursos dejan de estar disponibles para que el pequeño comerciante reinvierta, contrate o amplíe su negocio. El Estado no crea riqueza. Solo la traslada. Y en el proceso destruye incentivos. El comerciante lo siente en el mostrador: menos clientes con poder de compra, más presión impositiva, menos previsibilidad.
Tercero: se está consolidando gasto permanente con un financiamiento frágil. Si las proyecciones optimistas fallan, la factura llega siempre al mismo lugar: el bolsillo de quien trabaja. Más impuestos, más deuda o más emisión monetaria no son palabras abstractas. Significan que el sueldo rinde menos, que el crédito es más caro y que el almacén, el taller o el kiosco enfrentan un entorno más hostil.
Por eso esta Rendición debió votarse en contra. No porque ayudar a los niños esté mal, sino porque se financia con recursos inciertos, se apoya en la idea de que el ingreso privado es una merced del Estado y agranda un aparato que ya se lleva casi el 30 % de lo que el país produce. La gente de a pie no puede esperar indefinidamente resultados que no llegan. Lo que sí llega, siempre, es la factura: el bien más caro, el impuesto que aparece, la inflación que roe el ingreso y el empleo que no se crea.
La riqueza nace del esfuerzo voluntario de las personas, no del decreto ni de la transferencia. Cuando el Estado olvida eso, quien termina pagando es el pueblo uruguayo entero: el pequeño comerciante, el trabajador y cualquiera que produce valor con su trabajo.
Hay un punto adicional que también debe explicarse con claridad. Esta misma Rendición de Cuentas introduce cambios en la ley de medios que amplían el poder del Estado sobre las licencias de radio y televisión. Se modifican los requisitos para otorgarlas, se endurecen las condiciones de titularidad y se facilitan mecanismos que permiten al Poder Ejecutivo intervenir o retirar licencias ante determinados incumplimientos. En la práctica, esto concentra más discrecionalidad en el Estado para decidir quién puede emitir y quién no. Cuando el gobierno tiene mayor capacidad de quitar una licencia de radio o de TV, los medios independientes y los periodistas sienten la presión. La libertad de expresión no se defiende solo con declaraciones: se defiende cuando el poder no tiene herramientas fáciles para silenciar o condicionar a quienes informan y opinan. Cada avance del Estado sobre las licencias es un avance sobre el espacio de la crítica y del disenso.
