La caja negra de la patente: El diputado Juan Martín Jorge reveló que una empresa elegida a dedo fija cuánto pagas

La caja negra de la patente: El diputado Juan Martín Jorge reveló que una empresa elegida a dedo fija cuánto pagas

El diputado colorado Juan Martín Jorge destapó el SUCIVE: contratos sin licitación desde 2012, aforos sin control, costos ocultos por el Congreso de Intendentes y un fondo de 800 millones de dólares que administra una privada con plata del Estado.

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En enero, miles de uruguayos abrieron la web del SUCIVE y se encontraron con un golpe al bolsillo. El diputado colorado Juan Martín Jorge fue uno de ellos. Diez meses después, y a fuerza de pedidos de acceso a la información pública, publicó este jueves lo que encontró. El resultado es el retrato de un sistema que maneja una fortuna y no le rinde cuentas a nadie.

Jorge no reniega del origen. Reconoce que la creación del SUCIVE en 2012 "fue una buena idea" porque terminó con la guerra de patentes entre intendencias. Pero advierte que "los años y la falta de transparencia crearon vicios, que deben cortarse".

Un organismo al que el Parlamento no puede ni preguntarle

El primer hallazgo es la opacidad. Según el legislador, casi ninguna información del SUCIVE está disponible públicamente. Todo lo que obtuvo lo consiguió como un ciudadano más, por la ley de acceso a la información, porque descubrió que el Parlamento no puede hacerle pedidos de informes.

Y ni siquiera hay a quién dirigirse: las solicitudes deben ir al Congreso de Intendentes, porque el SUCIVE no tiene personería jurídica. "Opacidad si las hay", resumió.

El valor de tu auto lo decide una empresa privada contratada a dedo

El segundo punto es el más grave. ¿Quién fija el valor sobre el que se calcula la patente? No es el SUCIVE. Según Jorge, lo hace una empresa privada que, a su vez, trabaja con casi todo el mercado de aseguradoras.

¿Cómo se la eligió? Sin licitación. El diputado afirma que fue contratada por designación directa, que es la misma desde 2012 y que en 14 años jamás se llamó siquiera a una compulsa de precios.

En 2025 cobró $U 5.368.680 más IVA, unos 135 mil dólares. Si el contrato corrió en esos términos desde el inicio, calcula Jorge, son casi 2 millones de dólares facturados de forma directa.

República AFISA: el 0,4% de todo lo que pagás

¿Cómo puede el Congreso de Intendentes contratar así, cuando en el sector público está prohibido? La respuesta es el vehículo: todas las adjudicaciones se hacen a través del Fideicomiso SUCIVE, administrado por República AFISA, la administradora de fondos del Banco República.

"También a República AFISA se la elige a dedo", denunció el diputado. Y el negocio no es menor: el fideicomiso maneja, según su estimación, unos 800 millones de dólares anuales. Hay 15 administradores de fideicomisos inscriptos en el Banco Central que podrían competir por él.

Según el contrato al que accedió, República AFISA cobra 0,4% más IVA de todo lo recaudado. Con esa recaudación estimada, son 3,2 millones de dólares por año, más IVA, por una tarea que, sostiene Jorge, quienes la conocen saben que es sencilla.

Aforos que nadie controla y un juez que es parte

¿Quién verifica que el valor asignado a cada vehículo sea el real de mercado? "Nadie", responde el legislador. El SUCIVE le entregó los aforos de los últimos años y, según afirma, alcanza con un relevamiento online para comprobar que esos números no se ajustan a la realidad.

A eso se suma un conflicto de interés evidente: el Congreso de Intendentes, que es el que cobra, es también el que define el sistema. Para Jorge, siempre va a preferir el valor más alto posible. La única salida, dice, es que los precios se fijen de forma transparente y con un efectivo contralor ciudadano.

¿Cuánto cuesta el SUCIVE? No lo quieren decir

La pregunta más básica quedó sin respuesta. El Congreso de Intendentes no entregó la información sobre el costo total del sistema y derivó al diputado a la "Comisión de Seguimiento SUCIVE", un órgano que depende del propio Congreso y que, según Jorge, no tiene página web ni domicilio.

Lo que sí se sabe es que hay más gastos de los que se conocen. El contrato con República AFISA prevé, en su cláusula 11.4, erogaciones por "consultorías, auditorías, asesoramiento legal, publicidad y demás costos", que se pagan aparte. El diputado cree que hay muchas otras contrataciones a las que no tuvo acceso.

Y la cuenta la paga el Gobierno nacional

El remate es difícil de creer. Alguien podría decir que, siendo plata de las intendencias, es asunto de ellas cómo la gastan. Pero Jorge sostiene que, a pesar de recaudar millonadas, es el Gobierno nacional el que paga la administración del fondo.

Hay rastro documental de esos giros: una resolución de Presidencia autorizó al Ministerio de Economía a transferir a República AFISA hasta 20 millones de pesos para cubrir obligaciones de la operativa del SUCIVE correspondientes a 2025.