El gobierno miente: Acusan al contexto internacional de la suba del combustible pero el petróleo bajó

Esta divergencia no es un accidente técnico. Es el resultado directo de la estructura de control que mantiene el gobierno de Orsi sobre los hidrocarburos. El precio final incorpora el costo internacional del crudo, los gastos de ANCAP y, sobre todo, una pesada carga de impuestos específicos que el Estado se niega a reducir. Mediante decretos mensuales, el Poder Ejecutivo decide cuánto de la variación internacional se traslada al público y cuánto se retiene para alimentar las arcas fiscales. Cuando el petróleo sube, el mecanismo transmite buena parte del golpe. Cuando baja, como ocurrió tras el acuerdo internacional, el mismo sistema permite que los componentes tributarios y de costo estatal permanezcan altos o incluso se incrementen si así lo exige el equilibrio presupuestario.

Este comportamiento no es exclusivo del actual gobierno. Durante la administración de Luis Lacalle Pou se observaron dinámicas similares: las bajas internacionales del petróleo rara vez se trasladaban de forma plena y rápida al consumidor, mientras que los incrementos se incorporaban con mayor agilidad. Orsi no ha roto con ese patrón; lo ha continuado y, en algunos momentos, lo ha reforzado.

Bajo la administración de Orsi esta asimetría se ha convertido en política sistemática. En lugar de aprovechar la reciente caída del crudo para aliviar a los hogares, el gobierno prefirió consolidar aumentos que encarecen el transporte, la producción y el consumo diario. Los trabajadores asalariados, los pequeños productores y las familias de ingresos medios pagan el precio: ven cómo se reduce su poder adquisitivo real mientras el Estado extrae más recursos para financiar su gasto. Este tipo de ajuste actúa como un impuesto regresivo que castiga precisamente a quienes dependen del trabajo productivo y no pueden trasladar los mayores costos.

El argumento oficial de que “no queda más remedio” porque “la realidad internacional lo exige” resulta especialmente débil cuando, en los hechos, la baja del petróleo ya se ha materializado. Lo que realmente exige la realidad es una revisión de las prioridades del gobierno: o se reduce el gasto público y se alivia la carga tributaria sobre los combustibles, o se continúa castigando a la población productiva para sostener el tamaño del Estado. Orsi ha elegido la segunda opción.

Los precios son señales que coordinan la actividad económica. Cuando el gobierno interviene de manera persistente para distorsionarlas y retener parte de las bajas internacionales, genera costos innecesarios, reduce la competitividad y erosiona los incentivos al trabajo y a la inversión. Los incrementos de junio de 2026, decididos y aplicados pese al contexto de distensión global que ya se vislumbraba, confirman que bajo Orsi la política energética no busca maximizar el bienestar de los uruguayos que trabajan, sino garantizar los ingresos del erario a costa de ellos.

Una política distinta exigiría permitir que las reducciones del precio internacional lleguen sin filtros excesivos al surtidor, acompañada de una baja efectiva de los impuestos específicos y de un control más estricto del gasto público. Solo así los trabajadores y las familias podrían beneficiarse realmente de las mejoras que ocurren en los mercados mundiales.

Mientras tanto, el gobierno de Orsi sigue optando por el camino de la extracción fiscal y el control administrativo, cargando sobre el pueblo trabajador el costo de decisiones que priorizan el equilibrio presupuestario por encima de la realidad económica.