El caso Cardama funciona como un perfecto mecanismo de distracción. Mientras la opinión pública se divide entre quienes gritan “estafa del gobierno anterior” y quienes responden “operación política del actual”, el resto de los problemas que realmente pesan sobre la vida cotidiana de los uruguayos siguen ahí, intactos y sin debate de fondo.
Un contrato de casi 90 millones de dólares por dos patrulleras oceánicas se transformó en el centro de la agenda. Garantías cuestionadas, denuncias penales, comisiones investigadoras, cruces entre oficialismo y oposición, demandas cruzadas. Todo el aparato mediático y político se volcó a discutir si hubo dolo en una gestión o mala fe en la otra. El resultado es previsible: meses de titulares, interpelaciones y acusaciones mutuas que consumen tiempo, energía y atención pública.
Ese es el efecto más importante. No el de aclarar responsabilidades —algo que, de todos modos, tardará años en resolverse en tribunales—, sino el de desplazar el foco. Mientras se discute si una empresa española presentó documentos falsos o si el Ministerio de Defensa actuó con premura política, no se discute con la misma intensidad por qué Montevideo sigue con problemas crónicos de limpieza, por qué la inseguridad no cede, por qué el sistema educativo produce resultados mediocres año tras año, o por qué el gasto público sigue creciendo sin mejoras proporcionales en los servicios que reciben los ciudadanos.
La lógica es simple. Los problemas estructurales son difíciles, lentos y poco rentables en términos de rédito político inmediato. Requieren decisiones que molestan a grupos de interés, ajustes que no dan resultados antes de la próxima elección y diagnósticos que no se resuelven con una denuncia o una comisión. Un escándalo, en cambio, ofrece villanos claros, titulares diarios y la posibilidad de culpar al adversario. Genera indignación fácil y permite a cada bando presentarse como defensor del patrimonio público.
El costo de esta dinámica no aparece en ninguna planilla. Es el costo de lo que no se hace mientras se discute lo que sí se discute. Cada hora de televisión dedicada a las garantías de Cardama es una hora que no se dedica a explicar por qué el Estado sigue siendo un mal administrador de recursos escasos. Cada sesión parlamentaria centrada en el astillero es una sesión que no se usa para revisar reglas que desalientan la inversión o para discutir cómo reducir la carga tributaria que pesa sobre quien produce.
No se trata de decir que el caso carece de importancia. Un contrato de ese tamaño merece control y transparencia. El problema es la desproporción. Un episodio puntual —por más irregularidades que pueda contener— termina ocupando el centro de la conversación pública durante meses, mientras los problemas permanentes que afectan el día a día de la mayoría quedan relegados a un segundo o tercer plano.
Esa es la utilidad real del escándalo. No necesariamente resuelve nada de fondo. Pero sí logra que la ciudadanía mire hacia un lado mientras, del otro, continúan operando las mismas inercias que generan los verdaderos costos: burocracia pesada, incentivos distorsionados, gasto que no se traduce en resultados y una clase política más entrenada en el arte de la denuncia que en el de la administración eficiente.
