El Frente Amplio quiere abolir el derecho a la propiedad privada

La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad, porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros; y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra en favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad, como bases esenciales de la legislación.”. En otros términos, el hombre que produce mientras otros se aprovechan del producto de su esfuerzo, termina siendo un esclavo.

¿Qué es entonces lo que reconoce la Constitución? un derecho a la acción. No es el derecho a un objeto sino a la acción y a las consecuencias para producir o ganar ese objeto. No es una garantía de que un hombre obtendrá una propiedad sino únicamente, una garantía de que será suya si la gana.

La vivienda, los alimentos, los medicamentos, la vestimenta, etc., no florecen de la tierra mágicamente. Hay que producirlos. La pregunta que se impone es ¿a costa de quién?

El proyecto propuesto, deja en evidencia una vez la fatal arrogancia de los políticos de creer que pueden saber mejor que la gente, qué es lo que ésta verdaderamente precisa, algo que por lo demás es imposible, puesto que para ello, el senador debería ser Dios, para conocer, saber, entender y proyectar las necesidades, posibilidades y proyectos de vida de cada uno de los más de tres millones de habitantes del Uruguay.

Esa intervención incluso sería nefasta aun en situaciones extremas, por ejemplo, luego de un tornado, huracán o terremoto que destruya a su paso las viviendas. Si el aparato estatal luego de ello optase por controlar precios de las viviendas, regulando alquileres u otorgando subsidios, el problema lejos de resolverse, se dilatará en el tiempo, por más excepcional que fuera la situación.

Si se optase por ese camino, ocurrirá que la demanda habitacional excederá la oferta y, al colocarse los precios a niveles artificialmente bajos, las señales de inversión serán orientadas hacia otros sectores, cuando precisamente se necesitan estímulos para la construcción de viviendas.

En definitiva, la propuesta objeto de este breve comentario, es más de lo mismo a lo que nos tiene acostumbrado esta tierra arrasada de estatismo empobrecedor. La gente construye lo que puede pagar. El político prohíbe lo que no entiende. Entre el sueño soviético del senador y la realidad del bolsillo uruguayo, solo queda una certeza, y es que la libertad de elegir es el único cimiento que no se puede expropiar.

El problema de la falta de vivienda, no se arregla con regulaciones, con planes gubernamentales, subsidios, ni cosas gratis. Se soluciona generando más oferta. Para que haya más oferta, deben generarse incentivos para la construcción, pero lamentablemente los incentivos de hoy, llevan a volar por debajo del radar (construyendo en negro) o bien directamente, a no construir.

Políticos y legisladores como el senador de la propuesta, SON EL PROBLEMA, NO LA SOLUCIÓN. Como su profesión es la de cazar votos, siempre están pensando de qué manera justificar su cargo, partiendo del error de que un buen legislador es el que presenta muchos proyectos de ley. No se trata de trabajar mucho, sino de trabajar bien.

En ese afán de presentar cualquier cosa, se sigue alimentando al ogro filantrópico, y se sigue atentando contra los derechos básicos del ser humano: la libertad y la propiedad.

No existe tal cosa como “un derecho a la vivienda”. ¿Qué significa ello? Que el supuesto derecho que yo tengo, me lo pague otro. Eso no es un derecho, es un privilegio, por más que está consagrado en la constitución. Con ese criterio entonces, deberíamos poner impuestos a absolutamente todo, para que el Estado nos ponga el plato de alimentos en nuestra mesa cada vez que tengamos hambre, o nos solucione a todos los habitantes, nuestra necesidad de vivienda, porque en la Constitución dice que es un derecho.

Lo mismo con el Trabajo, que el Estado nos asegure uno. Todo con cargo a rentas generales. Pero lo cierto es que, antes deben generarse los recursos. Por ejemplo, si bien la Constitución reconoce el derecho a la educación, para poder brindar la misma, es necesario generar recursos para adquirir escuelas, pagar el sueldo y los aportes previsionales a los docentes, pintarlas, pagar los insumos de energía eléctrica, internet, teléfono, sanitaria, limpieza, etc.

Sostenía Juan Bautista ALBERDI que “Cuando la Constitución proclama la libertad o derecho al trabajo, no da por eso a todo trabajador la seguridad de hallar trabajo siempre. El derecho de ganar no es el poder material de hacer ganancias. La ley puede dar y da el derecho de ganar el pan por el trabajo; pero no puede obligar a comprar ese trabajo al que no lo necesita, porque eso sería contrario al principio de libertad que protege al que rechaza lo que no quiere ni necesita...”, y agregaba: “Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio.