La Justicia identificó a menores por las intimidaciones y el Gobierno refuerza la prevención en los colegios afectados.
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La investigación judicial por las amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de Córdoba registró un avance significativo con la imputación de 3 menores de edad. Estos jóvenes enfrentan cargos por el delito de "amenazas agravadas por anonimato" tras ser vinculados con los mensajes que circularon en redes sociales. El caso más reciente ocurrió en el colegio Domingo Savio de barrio Don Bosco, donde el inicio de la jornada escolar debió retrasarse varias horas.
Esta problemática se suma a una serie de incidentes similares ocurridos días atrás en instituciones como el Ipem 142 de La Falda y el IPET 272 en Jesús María. En esas oportunidades, las autoridades detectaron escritos anónimos en los baños que advertían sobre posibles ataques armados durante el horario de clase. Estos sucesos forman parte de un fenómeno de intimidación pública que ha obligado a desplegar operativos de seguridad especiales en toda la provincia.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno provincial intensificó las acciones de abordaje directo dentro de las aulas para contener a la comunidad educativa. Se busca explicar a los estudiantes que estas acciones no constituyen juegos inofensivos, sino conductas tipificadas como delitos graves dentro del sistema legal vigente. Los especialistas del Ministerio de Educación de Córdoba trabajan en conjunto con las fuerzas policiales para normalizar el dictado de clases en los sectores afectados.
Cristian Cariddi Ahumada, director de gestión de proximidad, trabaja en conjunto con la policía ante las diversas amenazas de tiroteo en escuelas de Córdoba
Cristian Cariddi Ahumada, director de gestión de proximidad,
Concientización oficial sobre consecuencias de delitos informáticos
Cristian Cariddi Ahumada, director de gestión de proximidad, explicó la importancia de que las familias denuncien inmediatamente estos hechos para activar los protocolos. Durante una intervención televisiva, el funcionario remarcó que la Justicia no considera estas advertencias como una simple travesura propia de la edad adolescente. “Esto es un delito y se debe denunciar”, afirmó con firmeza para desalentar la propagación de nuevos mensajes que generen pánico en los barrios.
El representante del gobierno provincial advirtió que la sospecha de una amenaza de tiroteo habilita a los jueces a ordenar allanamientos en los domicilios de los sospechosos. “Si se supone que es un tiroteo, puede haber armas, entonces va a haber allanamientos en sus casas”, sostuvo el funcionario sobre el procedimiento habitual. Estas medidas buscan asegurar elementos de prueba, como dispositivos electrónicos y anotaciones, para determinar el origen y la veracidad de cada intimidación recibida.
Las autoridades insisten en que los jóvenes deben utilizar los canales de comunicación institucional para expresar sus inquietudes o problemas con adultos de confianza. “Es importante que hablen sobre lo que les está pasando con los maestros, con los padres y con especialistas”, destacó el director sobre el acompañamiento. El objetivo central de la campaña es evitar que la difusión de estos rumores falsos continúe afectando el normal funcionamiento de las clases en los colegios de Córdoba.
