El caso del empleado municipal involucrado en el femicidio de Agostina Vega destapó una estructura de clientelismo político que ahora suma un nuevo capítulo indignante. La Municipalidad de Córdoba mantiene en su nómina a Paula "Puli" Moreno, hija del exconcejal Ricardo Moreno, quien cobra un sueldo estatal sin que las autoridades puedan precisar qué funciones cumple.
La beneficiaria de este ingreso, que se presenta como "actriz y cantante", percibió en mayo un salario básico de $924 mil sumado a un adicional de $92 mil, totalizando más de $1 millón mensual. Esta empleada figura en el registro municipal desde 2021, la misma fecha en que su padre gestionó el ingreso del detenido Claudio Barrelier.
"No se le conoce tarea y cobra un millón", confirmaron las autoridades municipales ante la consulta sobre sus funciones.
Privilegios y falta de transparencia
El caso de Puli Moreno no es un hecho aislado, sino que expone la utilización del Estado como una caja de beneficios para familiares y amigos de la política. Mientras los ciudadanos trabajan para pagar sus impuestos, el municipio sostiene estructuras que carecen de idoneidad y cuyos integrantes, en muchos casos, ni siquiera cumplen con un horario de trabajo presencial.
La comparación con el sector privado es demoledora: mientras una empresa privada exige resultados para sostener los salarios, la burocracia municipal permite el cobro de haberes sin prestación alguna. Este modelo de gestión ineficiente demuestra que el aparato estatal sigue siendo utilizado como un refugio de privilegios ajeno a las necesidades de la ciudad.
