Juan María Bouvier y otros altos mandos enfrentarán un proceso oral por presunta asociación ilícita y extorsión.
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El fiscal Enrique Gavier resolvió el jueves de la semana pasada avanzar hacia la etapa de juicio en la causa que investiga hechos de corrupción dentro de las cárceles de Córdoba. Juan María Bouvier, quien dirigió la institución penitenciaria durante años, encabeza la nómina de imputados y permanece bajo arresto desde diciembre de 2023. La resolución judicial alcanza también a una decena de exfuncionarios que habrían integrado una estructura delictiva organizada desde los puestos jerárquicos.
Según el requerimiento fiscal, los acusados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a obtener beneficios económicos mediante diversas maniobras irregulares en los penales. Junto a Bouvier figuran nombres como Silvia Barbero, Víctor Hugo Vivas y Darío Tello Pajón, señalados por roles de jefatura y participación en extorsiones. La investigación sostiene que los directivos facilitaban o permitían la comisión de delitos a cambio de pagos ilegales efectuados por internos o sus familiares.
La nómina de procesados se extiende a figuras como Diego Ayala, Héctor Robledo y Cristian Namur, sumando un total de 14 personas que deberán responder ante el tribunal. El expediente detalla que el esquema funcionaba bajo una lógica donde cada beneficio o trámite dentro del sistema carcelario tenía un precio establecido por los jefes. Esta etapa judicial buscará determinar el grado de responsabilidad individual en lo que se considera uno de los mayores escándalos de la seguridad provincial.
Juan María Bouvier, quien dirigió la institución penitenciaria durante años, encabeza la nómina de imputados y permanece bajo arresto desde diciembre de 2023
Delitos y maniobras detectadas en las cárceles
Las pruebas acumuladas exponen un entramado que incluía el ingreso de teléfonos celulares, la falsificación de informes de conducta y el cobro por traslados de presos. El fiscal Gavier remarcó que, debido a la magnitud de la operatoria, resultaba imposible que las máximas autoridades desconocieran el funcionamiento del sistema. Entre las conductas más graves se investiga la liberación de zonas para que los internos realizaran estafas telefónicas masivas hacia el exterior de la cárcel.
El Ministerio Público Fiscal no descarta que existan más implicados en esta red, dado que algunas de las prácticas delictivas se habrían sostenido durante un largo período. Los acusados enfrentan cargos que incluyen extorsión reiterada en grado de tentativa y la organización de una estructura para delinquir desde el propio Estado. La elevación a juicio representa un paso fundamental para transparentar la gestión de los establecimientos donde se cumple la ejecución de las penas.
La causa se originó a partir de una investigación que detectó un funcionamiento irregular dentro del sistema penitenciario, donde, según la acusación, “todo tenía un precio”. Este esquema delictivo ha generado un fuerte impacto institucional, obligando a una reestructuración profunda en los mandos actuales de las unidades carcelarias de toda la provincia de Córdoba. El resultado de este juicio marcará un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la custodia de las personas privadas de su libertad.
