La Iglesia cuestiona la prohibición legislativa y sugiere crear asistentes con uniforme, obra social y tarifas estatales.
El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, manifestó su rechazo a la ley que prohíbe la actividad de naranjitas y limpiavidrios en el espacio público. Para la Iglesia, la normativa es injusta y carece de empatía hacia quienes obtienen ingresos de forma informal en las calles de la ciudad. El prelado sostiene que no se debe criminalizar la permanencia de estos actores, a pesar de que la ley busca restablecer el orden institucional.
Además del cobro, los asistentes deberían reportar problemas de infraestructura como baches o luminarias, tareas que ya competen a las áreas de mantenimiento municipal. La insistencia en este modelo de asistencialismo formalizado plantea dudas sobre la optimización del gasto público en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal. Para la Iglesia, este entramado de cooperativas y asistencia es el único puente posible hacia una supuesta inclusión de los sectores vulnerables.
La normativa vigente en la provincia prioriza la seguridad jurídica de los vecinos y el libre tránsito sin coacciones económicas en las arterias urbanas. La propuesta de la Iglesia, al intentar formalizar la informalidad, colisiona con el objetivo de erradicar prácticas denunciadas históricamente por su carácter extorsivo.
El proyecto del Arzobispado busca que el contribuyente sea el garante de una actividad que la Legislatura de Córdoba ya definió como incompatible con el orden público. La resolución de este conflicto determinará si prevalece la institucionalidad del derecho ciudadano o la persistencia de esquemas subsidiados sin fecha de vencimiento.
La propuesta eclesiástica consiste en crear la figura de "Asistentes de Proximidad Urbana", otorgando un marco legal a una actividad que el Código de Convivencia prohíbe. Este esquema pretende que el Estado asuma el costo de uniformes, credenciales y seguros para personas que hoy operan fuera del sistema impositivo nacional. La iniciativa busca legalizar la intermediación en la vía pública, exigiendo además capacitación obligatoria bajo tutela de organismos estatales.
El plan del Arzobispado contempla que los ciudadanos paguen una tarifa oficial mediante sistemas digitales, sumando una carga extra al costo del estacionamiento. Este modelo generaría un sistema de doble gasto para el contribuyente: el subsidio directo a la seguridad social de los asistentes y el pago por cuidar el vehículo. La propuesta demandaría un nuevo registro único, expandiendo la burocracia estatal en lugar de simplificar el uso eficiente del espacio público.
