El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, anunció ayer el envío de una iniciativa parlamentaria al recinto legislativo con el objetivo central de crear un programa de refinanciación crediticia. El proyecto prevé establecer mecanismos de facilidades de pago para los compromisos adeudados por los hogares cordobeses dentro de las entidades financieras.
La propuesta oficial surge tras la ratificación del Poder Ejecutivo Nacional sobre la no intervención en controversias de índole estrictamente comercial entre partes privadas.
La comunicación del proyecto se realizó mediante una declaración formal en la plataforma virtual X, donde el jefe del Ejecutivo cordobés detalló los alcances del marco operativo. El mandatario provincial afirmó: “Enviaré a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley para poner en marcha el Programa ‘Alivio Cordobés’”. El texto de la iniciativa plantea medidas concretas destinadas a atender los saldos acumulados en las tarjetas de crédito y las obligaciones asumidas mediante préstamos personales.
El planteo oficial sostiene que la estructura actual de los servicios crediticios vigentes dificulta la cancelación regular de los compromisos financieros asumidos previamente. Martín Llaryora remarcó: “No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto”. La iniciativa legislativa se estructura a partir de tres lineamientos de trabajo coordinados para modificar las condiciones de los compromisos contraídos.
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Ejes del programa y esquema de financiamiento
El primer componente del articulado normativo contempla la reducción de las tasas de interés mediante acuerdos celebrados con el Banco de la Provincia de Córdoba y entidades bancarias privadas.
Como segundo eje del plan, la normativa contempla la unificación de pasivos menores en una sola cuota mensual previsible con plazos que van desde 24 hasta 48 cuotas.
El tercer pilar del proyecto busca reactivar la circulación monetaria local encauzando los recursos liberados hacia el comercio minorista e industrial de cada distrito.
El mandatario provincial fundamentó la utilidad económica de la medida al declarar: “Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio”. Las previsiones operativas sostienen que la disminución en los costos financieros de las familias impactará directamente en los niveles de consumo de la provincia. La propuesta legislativa fue concebida institucionalmente como un esquema de esfuerzo compartido entre el sector público, las instituciones bancarias y los contribuyentes.
El diseño del programa contempla que la administración provincial aplique una rebaja concreta sobre la carga tributaria correspondiente a este tipo de transacciones financieras. Por su parte, los bancos adheridos deberán aceptar una reducción de su margen de ganancia comercial para adecuar los montos a los parámetros fijados. La iniciativa concluye exigiendo el cumplimiento efectivo de los compromisos de pago asumidos por los deudores bajo las nuevas condiciones contractuales establecidas.
